El Senado de la República aprobó en lo general la reforma en materia de amparo por 76 votos a favor y 39 en contra, mientras que en lo particular la votación fue de 70 votos a favor y 39 en contra, por lo que fue remitido a la Cámara de Diputados. El proyecto impacta en los artículos 103 y 107 constitucionales, la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Durante la discusión, se aprobó la reserva del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena), la cual modifica el primer transitorio, estableciendo la entrada en vigor del decreto el Órgano de Administración Judicial contará con trescientos sesenta días naturales para realizar las adecuaciones al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación que resulten.
Uno de los ejes principales de la reforma es la incorporación del juicio de amparo en línea, mediante el uso de tecnologías de la información. Con ello se pretende dar certeza a las partes al establecer la equivalencia entre expedientes digitales y físicos, así como unificar criterios para agilizar los procesos.
Otro punto relevante es el fortalecimiento de las medidas para sancionar a servidores públicos que incumplan las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, con el fin de asegurar el respeto a las decisiones judiciales. Asimismo, la reforma detalla las formas en que las personas podrán garantizar el interés fiscal cuando soliciten la suspensión de actos relacionados con la ejecución o cobro de créditos firmes.
La reforma también contempla reglas más estrictas en materia de recusaciones, al establecer que el órgano jurisdiccional podrá desecharlas cuando se advierta que su presentación tenga como propósito entorpecer el procedimiento. Menciona que también se podrán descartar cuando se busque que una persona o magistrada se excuse de conocer asuntos secundarios o distintos al fondo de la controversia.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral Jurado subrayó que el dictamen es el resultado de un ejercicio abierto y plural, en el que se escucharon voces de especialistas, académicos, abogados y representantes sociales. Aseguró que la reforma busca equilibrar tres ejes: modernizar el juicio de amparo con herramientas digitales, agilizar los procesos evitando abusos y conservar su esencia como instrumento de protección de los derechos ciudadanos frente a actos de autoridad.
La senadora Ana Lilia Rivera (Morena) defendió que la reforma devuelve al juicio de amparo a su verdadero sentido: proteger el interés colectivo. Señaló que durante años esta figura fue utilizada por grupos de poder para frenar la justicia o blindar privilegios económicos, por lo que las modificaciones buscan ponerla nuevamente al servicio de la sociedad, impidiendo que se distorsione con fines particulares.
Al posicionarse por Acción Nacional, la senadora María Guadalupe Murguía advirtió que al debilitar la suspensión del acto reclamado se reduce la capacidad de frenar abusos de poder, lo que favorece una concentración de autoridad y disminuye los contrapesos que protegen a los ciudadanos frente a decisiones arbitrarias.
En representación del Partido Verde Ecologista de México, el senador Luis Alfonso Silva, aseguró que los cambios no implican un retroceso, sino una manera de impedir que el juicio de amparo sea manipulado por intereses privados o corporativos. Argumentó que el objetivo es que el recurso proteja únicamente causas legítimas, fortaleciendo con ello al sistema judicial.
En su intervención, la senadora Carolina Viggiano (PRI) mencionó que los cambios debilitan la independencia del Poder Judicial. Señaló que el dictamen deja al Ejecutivo con mayores márgenes de actuación, sin límites claros, lo que podría desembocar en un modelo de gobierno autoritario con menos libertades y sin contrapesos efectivos.
En voz de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, el Partido del Trabajo señaló que la reforma convierte el juicio de amparo en un procedimiento más accesible y eficaz, pero sin perder su función de resguardar a los ciudadanos frente a posibles abusos de poder. Añadió que también frena el uso indebido de los recursos legales para retrasar procesos fiscales y afectar la recaudación.
Por Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno consideró que la reforma desnaturaliza el juicio de amparo y alertó que las modificaciones restringen a los ciudadanos en sus mecanismos de defensa, al tiempo que fortalecen la discrecionalidad de las autoridades, lo que en su visión implica un retroceso en materia de protección de derechos y libertades.
