En su último día de comparecencias para la integración del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos del Senado informaron que en los tres días asistieron 40 de los 44 candidatos seleccionados. Las presidentas de ambos órganos deberán emitir el dictamen de idoneidad a más tardar el 15 de agosto.

Durante el tercer y último día de comparecencias, organizaciones civiles y especialistas coincidieron en señalar la gravedad de la crisis de desapariciones en el país, la impunidad persistente, la urgencia de atender esta problemática desde el Estado, y la necesidad de garantizar justicia, verdad y no repetición. También reiteraron que la búsqueda debe iniciar de inmediato, sin esperar 72 horas, y que cada entidad enfrenta contextos distintos.

Durante su intervención, Teresa Anaís Palacios Pérez urgió en crear un marco legal nacional para mejorar los registros actuales, que presentan fallas en la articulación con autoridades locales. Además, propuso asignar presupuesto específico para fortalecer las estrategias de búsqueda desde lo local.

Por su parte, Rolando Guevara Martínez advirtió sobre los riesgos de filtraciones en las bases de datos y propuso desarrollar una plataforma segura con medidas de encriptación, para evitar delitos derivados como la extorsión o el secuestro.

La experta en litigio en Tlaxcala, Andrea Pérez Vázquez, indicó que la búsqueda de personas es “un acto de humanidad” y relató que, en su estado, se ha conformado un padrón biométrico de mujeres trabajadoras en vía pública, como una medida preventiva para su eventual localización.

Desde la sociedad civil, Francisco Lugo Silva propuso un censo nacional de personas en situación de calle, posibles víctimas de desaparición, y denunció una crisis forense con más de 100 mil cuerpos sin identificar. Reconoció la utilidad de la CURP biométrica como herramienta para la identificación.

La aspirante al Consejo, Xóchitl Guadalupe Rangel Romero planteó la necesidad de homologar las alertas de búsqueda y construir un censo de orfandad por desaparición, destacando la urgencia de incorporar la perspectiva de género en los procesos de localización.

Finalmente, María de la Luz Barbosa Mendoza, madre de una persona desaparecida, propuso la creación de redes estatales de acompañamiento y orientación para familiares. Subrayó la falta de personal capacitado en ministerios públicos, así como de infraestructura adecuada para resguardar cuerpos exhumados de fosas clandestinas.

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