Luego de emitir declaratoria de publicidad, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular por unanimidad de 474 la reforma al artículo 73 constitucional, la cual establece la expedición de una ley general que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión. Posteriormente, la iniciativa fue turnada al Senado para su discusión.
El proyecto presentado por la presidenta de México indica que las leyes generales deberán establecer los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro y desaparición forzada de personas. Asimismo, considera la privación de la libertad, la extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos o penas inhumanos crueles como degradantes.
Al fundamentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Leonel Godoy Rangel (Morena) detalló que uno de los objetivos del marco legal es unificar el tipo penal de extorsión, así como sus agravantes para hacer frente a este delito que ha aumentado en más del 50 por ciento en seis años, señaló.
Por el Grupo Parlamentario de Morena, el senador Alfredo Vázquez Vázquez mencionó que modificar el artículo 73 constitucional forma parte de la estrategia nacional para combatir el delito de extorsión. Aseveró que la iniciativa atiende el aumento de este delito en sus diferentes modalidades de ejecución como es a través de celular a lo largo del territorio nacional.
A nombre de Acción Nacional, el senador Fernando Torres Graciano mencionó la vitalidad de una aplicación inmediata de la legislación, ya que el documento establece 180 días para contar con la ley general. Apuntó que la estrategia de seguridad requerirá una normativa que permita dar facultades a la Secretaría de Seguridad que permita la colaboración, la combinación y que establezcan las sanciones que se van a dar a los diferentes tipos de extorsión.
El senador Cesar Alejandro Domínguez Domínguez mencionó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica la alza del delito de extorsión en 97.2 por ciento. En ese sentido reconoció los aportes de la reforma al centrar el problema con un enfoque integral, coordinado y con visión de Estado, además sostuvo que la ley general que surja de esta reforma no debe limitarse a copiar definiciones penales, debe de contemplar protocolos nacionales de investigación que permitan coordinar las Fiscalías locales y la federal.
Por el Partido Verde Ecologista de México, la senadora Ruth Maricela Silva Andraca destacó que la extorsión ha presentado un incremento nacional pasando del 23.68 al 27.45 por ciento de 2019 a 2025. La legisladora indicó que la Estrategia Nacional contra la Extorsión contempla la prevención, atención de denuncias, manejo de crisis, investigaciones e intervenciones operativas para combatir este delito.
La senadora Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que el 96 % de los delitos de extorsión se presume que están sin denunciar. Detalló que el incremento de la extorsión representa la evolución del crimen, razón por la que se debe atacar e incluirlo en los Códigos Penas y unificar no solamente la tipificación del mismo, sino los criterios y las penas.
Para posicionarse a nombre de Movimiento Ciudadano, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas dio a conocer que cada día se registran 25 víctimas de extorsión. Consideró que la reforma deberá ir acompañada de una serie de fortalecimientos de las capacidades institucionales en los tres órdenes de gobierno. “No es suficiente establecer penas más severas si el sistema de justicia mantiene niveles de impunidad por encima del 90 %”, declaró.
