La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avaló cinco opciones en materia financiera, seguridad institucional y movilidad, con efectos diversos para el erario público.
El primero que se discutió planteó la sustitución del actual marco de justicia penal por una Ley Nacional de Responsabilidad Penal y Protección de Derechos. Dentro de la Comisión, se advirtió que la Federación deberá destinar recursos adicionales para centros especializados y para un registro nacional.
En contraste, la propuesta para expedir la Ley General de Protección a la Protesta Pacífica, la discusión señaló que no se modificará el presupuesto vigente. La Comisión estimó que las atribuciones previstas recaerían en instituciones ya existentes, con estructura y recursos suficientes para asumirlas sin costos adicionales.
El debate fiscal se intensificó con la iniciativa que crea una contribución especial para financiar el sistema de transporte público ferroviario masivo de pasajeros de interés nacional. Según la opinión aprobada, el arranque del fideicomiso implicaría un gasto inicial de 106.9 millones de pesos, compensado por un efecto positivo en la recaudación: un incremento estimado de 2 mil 30.2 millones de pesos en ingresos tributarios.
Otra iniciativa, la que propone la Ley del Instituto Nacional del Hombre para la Mujer, fue calificada como de impacto presupuestario no inmediato. La Comisión señaló que el costo total sólo podrá cuantificarse cuando se emita el Estatuto Orgánico, dado que se tratará de un organismo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.
El último dictamen revisó la Ley General de Protección Integral a Personas Servidores Públicos. Aquí sí hay cifra clara: un impacto de 194.86 millones de pesos a precios de 2026, asociado a la puesta en marcha del Sistema Nacional de Protección, su Secretaría Técnica y el padrón de servidores públicos de alto riesgo.
Desde la oposición, la diputada panista Margarita Ester Zavala Gómez del Campo pidió no perder de vista la raíz del problema social. Llamó a tipificar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado y, al referirse al esquema ferroviario, advirtió sobre la conveniencia de evitar nuevos impuestos o derechos a turistas extranjeros.
