La Cámara de Diputados avaló en lo general el dictamen que crea la Ley General de Aguas y modifica diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, tras obtener 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, durante una jornada de más de 24 horas y más de 220 oradores. El proyecto fue enviado al Senado de la República para su análisis.
En lo particular se avalaron los artículos no reservados y en términos del dictamen por 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones. Durante la sesión, se aceptó el paquete de reservas presentado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), el cual incluyó 18 nuevas reservas, donde se concentran los 50 cambios presentados por agricultores de 22 estados.
El legislador rechazó que el Fondo de Reservas de Aguas Nacionales retirará el uso del agua para las personas, pues sólo se extingue en caso que un concesionario lo rechace voluntariamente, además se aborda que los derechos preferentes en caso de compra-venta de predios sucesorios, fusiones y escisiones.
Descartó que se altere el uso de pozos de agua para fines agrícolas o pecuarios; asimismo, aclaró que en caso de heredar un inmueble con agua la Comisión Nacional de Agua (Conagua) impedirá que se entregue al nuevo dueño, ya que la autoridad tendrá un plazo de veinte días para expedir un nuevo título a favor del legítimo dueño.
El dictamen aprobado establece el marco legal para hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento previsto en la Constitución. Define las obligaciones específicas de la Federación, los estados y los municipios en cuanto al suministro, tratamiento y acceso al agua para uso doméstico, bajo criterios de equidad y sostenibilidad.
Asimismo, la nueva Ley General de Aguas promueve una gestión responsable de los recursos hídricos, impulsa la participación ciudadana, fortalece los sistemas comunitarios de abastecimiento en zonas indígenas y rurales, y fomenta una cultura del cuidado del agua a través de programas educativos.
El proyecto establece al gobierno el control del acceso al agua para empresas, agricultores, ejidos y comunidades indígenas. Establece que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados será retirada por la Conagua si no se cumple con lo establecido para riego, uso doméstico, industria, pozos, agricultura, ganadería, hotelería.
Por parte de Morena, la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez resaltó que la iniciativa fue ampliamente analizada mediante 450 audiencias públicas. Subrayó que el nuevo ordenamiento fija con claridad las obligaciones de los tres niveles de gobierno y vincula el acceso al agua con otros derechos fundamentales como la salud, el medio ambiente sano y una vida digna.
El diputado Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) expresó su rechazo al dictamen al considerar que no atiende los problemas estructurales del país en materia hídrica. Advirtió que la reforma traerá afectaciones directas al campo, mayor escasez y elevados costos, además de que, a su juicio, genera incertidumbre jurídica para los productores.
En contraste, el diputado Óscar Bautista Villegas (PVEM) calificó el dictamen como uno de los avances más relevantes en materia de agua en más de tres décadas. Señaló que atiende gran parte de las demandas de los productores rurales, otorga certeza en la transmisión de derechos de agua y evita la pérdida de volúmenes para los nuevos propietarios de tierras.
Para el Partido del Trabajo, el diputado José Luis Montalvo Luna apuntó que la aprobación de esta ley representa una ruptura con décadas de políticas que dejaron de lado el carácter social del agua. Afirmó que con esta reforma se consolida el acceso al agua como un derecho garantizado y no como una mercancía, en beneficio del pueblo de México.
Desde el PRI, el diputado Humberto Ambriz Delgadillo manifestó su oposición al dictamen al considerar que pone en riesgo a los productores agrícolas y pecuarios. Alertó que la reforma endurece sanciones, limita la libre transmisión de derechos y centraliza las decisiones en la autoridad federal.
Al pronunciarse por Movimiento Ciudadano, el diputado Hugo Manuel Luna Vázquez reconoció que el proyecto actualiza la legislación, la cual fue diseñada para la atención de zonas urbanas sin atender el desarrollo regional. Sin embargo, apuntó que la falta de atención a diversos temas en materia hídrica, así como afectaciones para técnicas de cultivo de rotación y de diversificación de cultivos”.
