Con 348 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Código Fiscal de la Federación, el cual dota al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de mayores facultades para impedir el registro de empresas involucradas en prácticas fraudulentas y reforzar la seguridad jurídica en materia tributaria. El dictamen fue remitido al Senado de la República.
El Código Fiscal de la Federación establece efectos fiscales directos para prevenir la evasión y el uso de facturas falsas. Asimismo, se faculta al SAT para negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas morales vinculadas con empresas factureras, transmisoras indebidas de pérdidas o contribuyentes con créditos fiscales firmes.
Asimismo se prevé que los receptores de comprobantes falsos tengan un plazo de 30 días para corregir su situación antes de la suspensión temporal de sus sellos digitales. El dictamen también precisa que los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) deberán respaldar operaciones reales y existentes, con actos jurídicos comprobables.
Asimismo, se establece que la autoridad fiscal podrá verificar la autenticidad de dichos comprobantes y suspender su emisión cuando se detecten irregularidades. La medida busca garantizar que las facturas reflejen transacciones legítimas y evitar el uso de mecanismos simulados para eludir impuestos.
Entre los puntos más relevantes del nuevo Código destacan la posibilidad de suspender de inmediato la emisión de comprobantes cuando se presuma su falsedad, la fijación de un plazo máximo de 24 días hábiles para las visitas domiciliarias y la simplificación de los procedimientos de comprobación fiscal.
En la votación en lo particular, el proyecto se aprobó con 335 votos a favor y 122 en contra, incorporando dos modificaciones. La primera elimina la fracción X del artículo 124, que consideraba improcedente el recurso de revocación cuando el contribuyente manifestara desconocer el acto impugnado. La segunda afecta el artículo primero transitorio, con la finalidad de establecer la obligación de las plataformas digitales de compartir información fiscal con el SAT a partir del 1 de abril de 2026.
Durante la discusión, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) subrayó que el proyecto se orienta al combate del contrabando de combustibles y a la facturación falsa. Aseguró que el nuevo Código fortalece al Estado mexicano y permite combatir con mayor eficacia las redes criminales que operan a través de empresas fachada, al tiempo que impulsa una mayor responsabilidad fiscal de gobiernos y organismos públicos.
Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) cuestionó que el documento criminalice los errores mínimos de los contribuyentes y el acceso sin límite hacia la información personal de usuarios de plataformas digitales. Advirtió que las nuevas facultades del SAT fomentarán la incertidumbre jurídica, la informalidad y el cierre de pequeños negocios.
El diputado Alejandro Avilés Álvarez (PVEM) subrayó que combatir las facturas falsas no es solo un acto administrativo, sino un compromiso ético con la justicia fiscal y social. Destacó que los recursos recuperados permitirán fortalecer los programas sociales y reducir la pobreza, al tiempo que se consolida un Estado con finanzas públicas sanas y capacidad de redistribución equitativa del ingreso.
Por el Partido del Trabajo, el diputado Roberto Armando Albores Gleason celebró que el nuevo Código fortalezca la integridad fiscal del país. Explicó que la reforma permite al SAT actuar con rapidez para detectar facturas apócrifas, verificar operaciones reales y sancionar a los responsables, sin aumentar impuestos, además que refuerza la soberanía económica nacional.
El diputado Jericó Abramo Masso (PRI) rechazó la iniciativa al señalar que persigue a los contribuyentes en lugar de investigar los delitos desde su origen. Afirmó que la reforma criminaliza sin audiencia previa y convierte las resoluciones administrativas del SAT en delitos penales. Criticó que se eliminen garantías de defensa y advirtió que se podría castigar injustamente a empresarios y comerciantes inocentes.
La diputada de Movimiento Ciudadano Gloria Elizabeth Núñez Sánchez manifestó que la reforma impone cargas tecnológicas excesivas a las empresas y otorga facultades discrecionales al SAT para suspender sellos digitales y negar registros fiscales. Señaló que esto podría afectar a los pequeños contribuyentes y maquiladoras, generando un clima de incertidumbre y riesgo para la inversión.
