El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Para posicionarse sobre el dictamen, el senador Manuel Huerta ladrón de Guevara (Morena) aseguró que los derechos adquiridos a través del amparo se encuentran a salvo; sin embargo, apuntó que las modificaciones ponen alto a malas prácticas como la evasión y la elusión. Recordó que existen casos e los que se ha emitido más de 2 mil 400 amparos directos y mil 600 indirectos promovidos por un único contribuyente.
La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) apuntó que la minuta debilita la medida cautelar conocida como suspensión del acto reclamado, la cual evitaba un daño irreparable para el quejoso en tanto se resolvía el fondo del juicio. Asimismo, aseguró que la reforma deja sin posibilidad de acudir al amparo a particulares, ya que quedara a juicio del juzgador la procedencia del amparo.
Por su parte, el senador del Partido Verde Ecologista de México Luis Alfonso Silva Romo indicó que la figura de amparo cuenta con adecuaciones donde se define lo que es el interés legítimo. Detalló que el ajuste a esta figura se realizó para evitar su abuso por parte de un sector de la población.
La senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) detalló que la iniciativa impedirá que personas y colectivos promuevan amparos. Aseveró que las modificaciones causarán la revocación de concesiones por parte de la autoridad a negocios, mismo que impedirá la continuidad de su funcionamiento hasta la resolución de un juicio de amparo.
En su intervención, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno (MC) se refirió a la retroactividad indicada en el artículo tercero transitorio, el cual aplica la nueva normativa a los asuntos que se encuentran en trámite. La legisladora destacó que en este momento existen cerca de 706 mil ciudadanos mexicanos que se encuentran en trámite pendiente en esta materia, por lo que subrayó que existen afectaciones a leyes de interés general.
