Como parte del análisis de la reforma a la Ley de Amparo, en la Cámara de Diputados iniciaron las audiencias públicas, las cuales se celebrarán el 10, 11 y 13 de octubre.
Durante los trabajos legislativos se discutieron la improcedencia del recurso de revocación, la certeza jurídica en los procedimientos fiscales y los alcances de las resoluciones administrativas.
El presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Julio César Moreno Rivera, destacó que estas audiencias públicas representan un compromiso con la transparencia y la apertura en el proceso legislativo.
Aseguró que el ejercicio de consulta y deliberación permitirá fortalecer la confianza ciudadana en el trabajo parlamentario.
Explicó que el debate se centrará en los nuevos supuestos para la improcedencia del recurso de revocación en el Código Fiscal, los cuales buscan evitar prácticas dilatorias en la recaudación y dotar al proceso de mayor eficacia. En ese sentido, agregó que la minuta del Senado incluyó una tercera fracción para garantizar certeza jurídica cuando el contribuyente desconozca un acto administrativo.
A nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Carol Antonio Altamirano subrayó la importancia de mantener un diálogo abierto y plural entre las y los legisladores. Señaló que, desde la óptica hacendaria, el análisis se centrará en dos ejes: la reforma al artículo 124 del Código Fiscal, que delimita los casos en los que no procede el recurso de revocación, y la modificación al artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El legislador indicó que el objetivo de las reformas es evitar la prolongación innecesaria de litigios fiscales y garantizar la aplicación efectiva de la justicia tributaria.
Expresó que la revisión detallada de la minuta permitirá salvaguardar los intereses hacendarios del país, sin dejar de lado la protección de los derechos de los contribuyentes.
Por la Escuela Libre de Derecho, José Barrios Moreno advirtió que mantener la redacción actual del dictamen sobre la reforma a la Ley de Amparo y al Código Fiscal de la Federación representaría un riesgo para los particulares. Señaló que ello equivaldría a otorgar un “cheque en blanco” a las autoridades, al permitirles revocar permisos, autorizaciones o concesiones de manera arbitraria.
Por su parte, el académico de la Universidad Panamericana Juan Pablo Gómez Fierro destacó que eliminar o limitar la figura de la suspensión dentro del juicio de amparo dejaría a la población expuesta a actos arbitrarios de la autoridad. Explicó que, sin este mecanismo de protección, en muchos casos el amparo perdería sentido, ya que los actos reclamados podrían ejecutarse completamente antes de obtener una resolución judicial, imposibilitando la restitución del derecho vulnerado.
El defensor de derechos humanos Andrés Aguinaco Gómez Mont sostuvo que las modificaciones propuestas podrían derivar en la legitimación legislativa de violaciones a los derechos humanos. Llamó a las y los legisladores a proteger la figura de la suspensión dentro del amparo, al considerar que es una herramienta esencial para garantizar el acceso a la justicia.
En su intervención, el abogado Luis Curiel Peña afirmó que la reforma, en su redacción actual, podría generar consecuencias graves al abrir la puerta a la vulneración de derechos fundamentales. Aseguró que los cambios en materia fiscal darían lugar a una “carta abierta” para la violación de garantías individuales, ya que permitirían acciones sobre créditos fiscales.
