La política de bienestar, el destino de los recursos públicos y la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados fueron los temas centrales que abordó la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, ante la Comisión del ramo en el Senado de la República, como parte del Segundo Informe de Gobierno
La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que los recursos públicos deben beneficiar a la población mexicana, con especial atención a quienes viven en condiciones de mayor pobreza. Subrayó que la atención a la pobreza extrema requiere una política de Estado.
En ese sentido, la funcionaria mencionó que la entrega directa de los apoyos, sin intermediarios beneficia a la sociedad, y destacó que el Banco del Bienestar cuenta con tres mil 152 sucursales en el país para cumplir con la distribución de los recursos. Explicó que esta infraestructura permite acercar los recursos a sus beneficiarios y garantizar que los apoyos lleguen de manera oportuna y con dignidad.
Sobre la evaluación de los programas, señaló que la Secretaría está sujeta a la revisión de distintas instancias, entre ellas las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, sostuvo que la evaluación más importante es la que realiza el pueblo de México.
Por último, destacó los resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, mediante el cual se han realizado 52 mil 547 obras definidas por las propias comunidades. Afirmó que este mecanismo demuestra la atención del gobierno a las poblaciones históricamente más vulnerables.
El presidente de la Comisión, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena), destacó que el diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo es fundamental para fortalecer las políticas públicas y garantizar que los apoyos se traduzcan en mejores condiciones de vida para la población. Además, aseguró que la comisión dará seguimiento a los planteamientos y a la información que quedó pendiente.
Por Morena, la senadora Edith López Hernández destacó que la política de bienestar no se limita a la entrega de apoyos económicos, sino que también se refleja en el acceso a servicios fundamentales como la salud, la educación y la vivienda. Añadió que estas acciones deben traducirse en beneficios concretos para las comunidades, mediante el acceso a suministros básicos y servicios.
En representación del Partido Verde, la senadoraVirginia Magaña Fonseca llamó a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados progresivo, con mayor coordinación entre dependencias y servicios de salud que atiendan las necesidades de las personas adultas mayores.
La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del PRI, consideró necesario realizar proyecciones económicas que permitan conocer cuánto aumentaría el gasto público ante una posible ampliación de los programas sociales y sus beneficios. También pidió desglosar las fuentes de financiamiento que respaldarían ese crecimiento, a fin de identificar cómo se garantizaría la disponibilidad de recursos para mantener estas políticas públicas.
Por el Partido del Trabajo, la senadora Lizeth Sánchez García solicitó conocer los mecanismos de evaluación y seguimiento que utiliza la Secretaría de Bienestar para medir los resultados de sus programas y verificar que los apoyos cumplan con sus objetivos. Asimismo, planteó fortalecer el acompañamiento técnico a las comunidades, supervisar el correcto ejercicio de los recursos públicos y establecer acciones que permitan garantizar que las obras se concluyan y se traduzcan en beneficios para la población.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, señaló que, más allá del billón de pesos que se destina anualmente a las transferencias de los programas sociales, es necesario avanzar hacia una política pública integral que garantice los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Subrayó que el reto no debe limitarse a la entrega de recursos económicos, sino que también debe contemplar acciones que atiendan las necesidades de estos sectores y contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.
