La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) fue aprobada por la Cámara de Diputados por 349 votos a favor y 92 en contra, por lo que las modificaciones al artículo 78-E avaladas en el Senado de la República fueron aceptadas en los términos del dictamen. Este proyecto, que forma parte del Paquete Económico 2027 y se turnó al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Estas modificaciones establecen cambios en lo particular para empresas distribuidoras de combustibles como gasolinas y diésel, ya que son incorporadas a los sectores que podrán deducir impuestos. Esta disposición está dirigida a contribuyentes cuyos ingresos superan los 50 millones de pesos.
Con este ajuste, las empresas de dichos sectores podrán continuar realizando las deducciones correspondientes a sus operaciones, aun cuando sus ingresos rebasen ese monto. La medida reconoce las características de sus actividades y les permite mantener ese tratamiento fiscal, sin modificar de manera general las reglas que se aplican al resto de los contribuyentes.
Dentro del documento avalado por la Cámara de Diputados, se precisó que esta modificación no significa la creación de nuevos beneficios fiscales, ni una reducción en el pago del impuesto. Las empresas beneficiadas deberán seguir cubriendo el ISR conforme a las tasas vigentes y cumplir con sus obligaciones tributarias.
Al presentar el dictamen, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), explicó que los cambios buscandar certidumbre a las empresas del sector automotriz que enfrentan dificultades por los costos arancelarios y logísticos del comercio internacional. Aclaró que los ajustes para la industria automotriz terminal y el sector de combustibles no representan privilegios fiscales.
Desde tribuna, la diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) sostuvo que la propuesta permitirá fortalecer la competitividad del país al proteger la operación de las empresas automotrices y de los distribuidores de gasolina y diésel. Afirmó que estos sectores no quedarán exentos del pago del ISR y que el mecanismo evitará presiones inflacionarias adicionales.
Al posicionarse por Acción Nacional, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández advirtió que la modificación deja fuera a la industria de autopartes y a los distribuidores de gas LP, sectores que consideró relevantes para la economía. Señaló que la falta de consulta con las cámaras empresariales y la creación de regímenes especiales podrían generar incertidumbre, desincentivar inversiones y provocar que las empresas recurran a recursos legales para defender sus derechos.
Por su parte, la diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM) consideró que los cambios establecen mecanismos de control sobre las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales. Aseguró que esto permitirá reforzar la supervisión del cumplimiento tributario y la transparencia de las operaciones, al tiempo que reconoce las particularidades de sectores estratégicos para la economía nacional.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) recordó que representantes de la industria automotriz acudieron a la Cámara de Diputados para exponer sus preocupaciones, pero afirmó que sus planteamientos fueron ignorados. Cuestionó que la excepción se limite a dos sectores y deje fuera a las industrias de autopartes, gas, transporte de carga y comercio mayorista, que también generan actividad económica y empleos.
Al fijar la postura del PT, el diputado José Antonio López Ruiz destacó que el Gobierno de México reconoce la aportación de los sectores productivos y consideró que la modificación brinda certeza jurídica para proteger los empleos. Señaló que el país necesita mantener la capacidad del Estado para financiar los derechos sociales, pero también impulsar inversiones y generar fuentes de trabajo dignas.
La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) calificó la modificación como insuficiente y cuestionó que las excepciones se otorguen únicamente a los sectores que consiguieron negociar con las autoridades. Consideró que también debieron incluirse actividades como la agroindustria, la construcción y el comercio, por lo que pidió establecer criterios técnicos y equitativos, basados en la estructura de costos de cada sector.
