Como parte del debate en la discusión de la Ley de Ingresos 2027, en el apartado de la presentación de las reservas, el diputado Ricardo Monreal Ávila, presentó una modificación al artículo 21 transitorio.
Al detallar la propuesta, que fue aprobada e integrada al cuerpo del dictamen, el también coordinador de Morena explicó que el propósito de la modificación es ampliar el Programa de Regularización Fiscal y eliminar el límite de 300 millones de pesos de ingresos anuales para que más contribuyentes con adeudos fiscales puedan incorporarse a este esquema sin pagar multas o recargos.
Durante la presentación de la reserva mencionó que esta había sido motivada por la reunión que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, había sostenido previamente con un grupo de empresarios pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial, y acordó con ellos que eliminaran esta traba de los 300 millones para que no se estableciera ningún límite.
Apunto además que, como mayoría legislativa, les corresponde darle congruencia a lo que la presidenta ha decidió con los empresarios del país.
Monreal Ávila explicó esta modificación beneficiará, hipotéticamente, a cerca de 30 millones de contribuyentes, 2 millones 500 mil de personas morales que la mayoría no accede porque sus ingresos son de más de 300 millones, y cerca de 16 mil grandes contribuyentes, quienes aportan al erario dos billones 300 mil millones de pesos.
El legislador aclaró que el programa no representa una condonación ni una exención de impuestos, pues los contribuyentes deberán cubrir íntegramente el adeudo para acceder a la reducción de multas, recargos y gastos de ejecución. Señaló que la medida permitiría extender los beneficios a personas físicas y morales que actualmente quedan fuera por superar el límite de ingresos, incluidos grandes contribuyentes.
La modificación elimina tanto el tope de ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 como la disposición que restringe el beneficio a determinados contribuyentes, razón por la que el estímulo podría aplicarse a un universo más amplio de personas físicas y morales con créditos fiscales firmes o consentidos.
Asimismo, determinó que estos contribuyentes deberán estar bajo competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
