El Senado de la República aprobó, con 104 votos a favor, reformas a la Ley General de Turismo para establecer medidas de prevención contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en hoteles y establecimientos de hospedaje. La minuta fue enviada al Poder Ejecutivo Federal para su promulgación.
El dictamen establece que los prestadores de servicios turísticos deberán solicitar documentos oficiales a los adultos que viajen con menores de edad, a fin de acreditar el parentesco, la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia. Cuando corresponda, también deberán comprobar la mayoría de edad. Si no se presenta la documentación requerida, se deberá negar el servicio y dar aviso a las autoridades investigadoras ante la posible comisión de un delito.
Al presentar la reforma, el senador Francisco Alejandro Carrillo Flores (Morena) explicó que estas medidas permitirán verificar la relación entre los adultos y los menores que ingresen a establecimientos de hospedaje, además de facilitar la detección de posibles casos de explotación y abuso.
En su posicionamiento, la senadora de Morena Alejandra Berenice Arias Trevilla advirtió sobre la magnitud del problema y señaló que se estima que más de 16 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual, particularmente en destinos como Playa del Carmen, Acapulco y Puerto Vallarta. Agregó que, de cada cien investigaciones por estos delitos, apenas una concluye con una sentencia condenatoria.
Por su parte, la senadora Laura Esquivel Torres (PAN) destacó que la obligación de acreditar el vínculo con los menores se aplicará a quienes pretendan ingresar con ellos a hoteles, moteles y otros inmuebles destinados al alojamiento turístico. La legisladora señaló que el propósito es establecer controles para prevenir delitos contra la infancia.
La senadora Angélica Montes Rentería (PVEM) sostuvo que la reforma busca reforzar la seguridad en los destinos turísticos y colocar el interés superior de la niñez como eje de las obligaciones de los prestadores de servicios.
Por el Partido del Trabajo, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, afirmó que la protección de niñas, niños y adolescentes requiere reglas claras, responsabilidades definidas y mecanismos de respuesta ante cualquier señal de riesgo.
La senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) consideró que, además de aplicar sanciones, el Estado debe fortalecer la prevención y la protección integral de la infancia, ante el bajo número de investigaciones que llegan a una condena.
La senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales Magdaleno, por su parte, recordó las advertencias de organismos internacionales sobre los riesgos de explotación sexual infantil y llamó a atender esta problemática mediante medidas efectivas de protección.
