La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con 391 votos a favor, 92 en contra y cero abstenciones en su votación en lo general.
En la votación en lo particular, el proyecto fue avalado con 299 votos a favor, 92 en contra y cero abstenciones, con modificaciones. Entre las reservas aprobadas está la presentada por la diputada Elena Edith Segura Trejo, de Morena, la cual establece facultades a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como autoridad catastral y registrales.
Dentro del proyecto, turnado al Senado para su análisis legislativo, se menciona que la Sedatu podrá coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dentro de sus respectivas competencias, para cumplir los objetivos de la nueva ley.
El documento establece criterios en materia catastral y los Registros Públicos de la Propiedad. El propósito es contar con datos confiables sobre los inmuebles y sus propietarios, evitar registros contradictorios y reducir trámites, errores o inconsistencias que pueden derivar en conflictos legales, juicios prolongados y actos de corrupción.
Entre sus principales herramientas se contempla una clave única catastral para identificar cada inmueble, además de planes nacionales, criterios homologados y mecanismos digitales de coordinación entre las autoridades. El nuevo marco también plantea una mayor coordinación entre estados y municipios, pero sin quitarles sus atribuciones.
A nivel municipal, se busca la implementación de una plataforma que homologue procesos, mientras que la administración de los datos y las responsabilidades seguirán bajo competencia de las autoridades locales. La ley no crea nuevos impuestos ni modifica las facultades de los municipios y estados para cobrar el predial; tampoco centraliza los catastros en la Federación.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) sostuvo que se trata de una legislación de alto interés público porque una vivienda, un terreno o cualquier inmueble representan años de trabajo y no deben quedar sujetos a información contradictoria, trámites innecesarios o decisiones discrecionales.
Explicó que la propuesta, derivada de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, permitirá detectar oportunamente discrepancias entre catastros y registros para corregirlas conforme a la ley y evitar que estas irregularidades deriven en litigios, sobornos o corrupción inmobiliaria.
Para la diputada Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno (Morena) la homologación de criterios catastrales no implica quitar atribuciones a estados y municipios. Explicó que la propuesta busca establecer una base común para facilitar el intercambio de información, mientras cada autoridad mantiene las competencias que le corresponden.
Por su parte, la diputada del PAN Carmen Rocío González Alonso mencionó la necesidad de modernizar los catastros y registros públicos mediante tecnología y mecanismos que permitan dar mayor certeza jurídica, pero advirtió que ese proceso debe respetar plenamente la autonomía municipal. Cuestionó que algunas disposiciones podrían afectar las competencias de los ayuntamientos.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) llevó la discusión al terreno de la seguridad patrimonial y sostuvo que los bienes adquiridos con el esfuerzo de toda una vida necesitan respaldo jurídico frente a documentos falsificados, expedientes extraviados o información que no pueda ser verificada. Consideró que la propuesta se ajusta al marco legal y constitucional.
Desde el Partido del Trabajo, la diputada Nora Yessica Merino Escamilla rechazó que la armonización catastral implique por sí misma un aumento del predial. Enumeró que el proyecto no fija una tasa nacional, un porcentaje mínimo de incremento, una tarifa federal ni un nuevo valor para los inmuebles, tampoco ordena elevar el impuesto municipal.
El diputado Arturo Yáñez Cuéllar (PRI) sostuvo una lectura distinta y alertó sobre el posible efecto de la actualización catastral en el monto que pagan las familias por sus propiedades. Señaló que el valor catastral es uno de los elementos que se toman como referencia para determinar el predial y cuestionó que una eventual actualización del valor de los inmuebles pueda terminar repercutiendo en el bolsillo de los contribuyentes.
La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) reconoció que el país requiere sistemas catastrales y registrales más modernos, así como procesos digitales que agilicen los trámites. Su objeción se centró en el modelo de implementación previsto en el dictamen: sostuvo que el problema no está en modernizar, sino en la forma en que se pretende hacerlo, pues consideró que las decisiones tecnológicas y operativas quedarían demasiado concentradas en la Federación.
