La Ley Aduanera, la cual busca combatir posibles prácticas de subvaluación y proteger el interés fiscal, fue aprobada por la Cámara de Diputados. En lo general, el dictamen obtuvo 334 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones; en lo particular fue avalado con 338 votos a favor, 114 en contra y cero abstenciones.
El dictamen, derivado de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 8 de septiembre, fue enviado al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo.
Dentro del documento se menciona que en los casos cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al de la transacción de mercancías idénticas o similares, las autoridades aduaneras podrán iniciar de oficio sus facultades de comprobación.
Cuando la diferencia sea menor a 20 por ciento, las personas interesadas podrán solicitar, dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del procedimiento, la sustitución del embargo precautorio mediante un depósito en efectivo o en cuentas aduaneras de garantía. El monto deberá cubrir las contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan por la diferencia entre el valor declarado y el valor de referencia.
En el caso de hidrocarburos y petrolíferos, el dictamen establece multas de entre 50 y 100 por ciento del valor comercial de las mercancías. Además, faculta a las autoridades para determinar, mediante disposiciones específicas, los porcentajes que deberán considerarse para aplicar el embargo precautorio a mercancías distintas de hidrocarburos y petrolíferos.
El dictamen quedó en sus términos, ya que las reservas fueron desechadas o, en su caso, retiradas.
El posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena estuvo en manos de la diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy, quien hizo énfasis en la soberanía. Mencionó que el país cuenta con instituciones aduaneras sólidas, transparentes y eficaces para contener el contrabando, el huachicol fiscal y las prácticas de competencia desleal, por lo que la reforma amplía la capacidad del Estado para detectar y sancionar conductas que afectan las finanzas públicas.
En su participación, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) ubicó el principal riesgo en el impacto que las nuevas disposiciones podrían tener sobre la actividad productiva y la recaudación. Cuestionó que el embargo precautorio podría activarse con una diferencia de valor menor, al reducirse el umbral de 50 a 20 por ciento, pues consideró que esta medida coloca bajo sospecha a los importadores.
A nombre del Partido Verde, el diputado Héctor Pedroza Jiménez dijo que México requiere aduanas capaces de facilitar el comercio legal y, al mismo tiempo, de enfrentar con herramientas efectivas el contrabando, la evasión y la subvaluación. Por ello, mencionó que el dictamen menciona que podría realizarse un embargo precautorio cuando el precio declarado sea al menos 50 por ciento inferior al de una mercancía.
El diputado José Antonio López Ruiz (PT) sostuvo que detrás de la reforma existe un problema de competencia económica, pues la subvaluación no solo reduce el pago de impuestos, sino que coloca en desventaja a productores, empresarios y comerciantes que sí cumplen con sus obligaciones. Recordó que las modificaciones incluyen medidas contra el llamado huachicol fiscal y establecen multas de entre 50 y 100 por ciento para quienes intenten introducir hidrocarburos al país en determinadas circunstancias.
Desde la bancada del PRI, Christian Mishel Castro Bello marcó una diferencia entre combatir las actividades ilícitas y aprobar herramientas que, a su juicio, puedan aplicarse sin suficientes salvaguardas. Rechazó el huachicol, el contrabando y la subvaluación, y afirmó que su partido respalda que quienes deliberadamente violen la ley sean investigados y sancionados, además de proteger a los productores nacionales frente a prácticas desleales.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Flores Elizondo consideró que el dictamen carece de alcances ante la actual problemática en las aduanas. Reconoció la necesidad de combatir la evasión y respaldó que existan sanciones de entre 50 y 100 por ciento del valor comercial cuando se trate de hidrocarburos y petrolíferos, pero cuestionó que esa medida sea suficiente para frenar el huachicol fiscal.
