La iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera fue aprobada por el Senado en lo general, con 65 votos a favor y 30 en contra, mientras que en lo particular la votación fue de 65 en pro y 28 en contra. El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.
Esta propuesta, presentada por la presidenta de México a la Cámara Alta el 30 de agosto, plantea fortalecer la revisión de inversiones extranjeras superiores al 49 por ciento en empresas mexicanas de sectores estratégicos, para evitar riesgos a la seguridad nacional. También incorpora con voz y voto a los titulares de Marina, Defensa Nacional y Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la persona titular de la Agencia de Transformación Digital, en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) .
Entre los sectores sujetos a revisión se encuentran el energético, el de infraestructura, transporte, comunicaciones, minería, almacenamiento de datos, tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, aeroespacial, nuclear, entre otras. Asimismo, se establecen sanciones para quienes incumplan este régimen con multas de 5 mil a 200 mil veces el valor diario de la UMA.
Al explicar los alcances de la reforma, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que México mantiene una política abierta al mundo y busca atraer inversión, tecnología y empleos. Señaló que, ante operaciones de capital extranjero que puedan incidir en sectores estratégicos, el país necesita instrumentos que permitan proteger sus intereses.
La senadora de Morena, Octavia Hernández Farret, destacó el posible impacto de la reforma entre las mexicanas y mexicanos que viven en el exterior. Consideró que las nuevas reglas pueden generar confianza para que sus recursos sean destinados a proyectos productivos en México, con capacidad para crear negocios, empleos e infraestructura en las comunidades de las que son originarios.
Una postura distinta expresó el senador Miguel Márquez Márquez, del PAN, quien consideró necesario contar con procedimientos extraordinarios para proteger la seguridad nacional y las inversiones. Sin embargo, cuestionó que se incorpore al Ejército en las tareas ordinarias de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, al señalar que se trata de un órgano de naturaleza civil y económica.
Desde el PVEM, la senadora Juanita Guerra Mena destacó el papel de la tecnología para el desarrollo económico. Señaló que, por su carácter estratégico, requiere regulación y sostuvo que la propuesta busca conciliar condiciones favorables para la inversión con el fortalecimiento de los mecanismos institucionales y la protección de la seguridad y la soberanía nacional.
La participación de la senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI) estuvo centrada en las funciones que corresponderían a las Fuerzas Armadas dentro del nuevo esquema de revisión. Señaló que, al involucrarse en asuntos vinculados con inversiones en áreas estratégicas, sus atribuciones deben estar claramente reguladas y delimitadas para establecer con precisión qué pueden hacer y cuáles son sus límites.
Por Movimiento Ciudadano, el senador Francisco Daniel Barreda Pavón rechazó que sea necesario incorporar a las Fuerzas Armadas a la política de inversión extranjera para proteger la seguridad nacional. Planteó que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina intervengan únicamente cuando una adquisición pueda comprometer instalaciones estratégicas, tecnologías sensibles, infraestructura crítica o la defensa del país.
