La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional en materia de nacionalidad única, la cual establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán tener otra nacionalidad más que la mexicana. El documento se turnó al Senado de la República para su discusión.
En lo general, la iniciativa que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención; mientras que en lo particular, la reforma logró 334 votos en pro, 109 en contra y una abstención. Dentro del régimen transitorio se indica que el decreto aplicará a partir del proceso electoral de 2028, además que entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel (Morena), aclaró que la reforma no elimina el derecho de las personas mexicanas a contar con doble nacionalidad y que la restricción se aplicará únicamente a quienes busquen ocupar alguno de estos cargos. Sostuvo que la medida busca garantizar que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan una relación de lealtad con el Estado mexicano y fortalecer la defensa de la soberanía nacional.
El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) afirmó que la reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum no vulnera las disposiciones del artículo 30 constitucional ni los derechos adquiridos por las personas con doble nacionalidad. Detalló que la modificación no afecta los derechos políticos de la comunidad migrante.
Desde Acción Nacional, el coordinador parlamentario, José Elías Lixa Abimerhi, consideró que la reforma tiene un carácter electoral porque modifica los requisitos de elegibilidad para determinados cargos. También cuestionó la situación de seguridad en distintas regiones del país y señaló que el crimen organizado ha afectado la soberanía en parte del territorio nacional.
El diputado del PVEM, Ricardo Astudillo Suárez, respaldó la propuesta al considerar que quienes aspiren a cargos públicos de alto nivel deben definir su nacionalidad, ante la posibilidad de que surjan conflictos de interés de carácter político, económico, social o jurídico con otros países.
En contraste, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) sostuvo que la reforma representa un retroceso en materia de derechos humanos y cuestionó que se establezcan restricciones constitucionales para las personas con doble nacionalidad. Afirmó que la medida podría utilizarse para impedir la participación de perfiles opositores.
La diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, rechazó que la reforma discrimine a las personas con doble nacionalidad y aseguró que conservarán sus derechos políticos. Explicó que quienes tengan otra nacionalidad podrán aspirar a los cargos previstos si cumplen con el requisito de renunciar a ella.
Por Movimiento Ciudadano, Iraís Virginia Reyes de la Torre cuestionó que la doble nacionalidad sea utilizada como criterio para determinar la lealtad hacia México. Señaló que muchas familias mexicanas tienen antecedentes migratorios y advirtió sobre las implicaciones de establecer diferencias entre ciudadanos a partir de una condición que, en numerosos casos, se adquiere desde el nacimiento.
@NoticiaCongreso
