El Senado de la República abordó el análisis del Segundo Informe de Gobierno en materia de política social. Durante el debate, los grupos parlamentarios confrontaron posiciones sobre el alcance de los programas para el bienestar, el acceso a servicios de salud, el presupuesto destinado a apoyos sociales y la atención ante desastres naturales.
La senadora Simey Olvera Bautista (Morena) destacó el alcance de los programas para el bienestar dejaron de ser únicamente acciones de gobierno para convertirse en derechos establecidos en la Constitución. Señaló que actualmente alrededor de 42 millones de personas reciben algún programa social, por lo que este esquema se amplía a reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Por el PAN, la senadora Laura Esquivel Torres cuestionó los resultados en materia de salud al señalar que los gastos médicos se han asumido por parte de las familias mexicanas. Señaló como algunos de los principales problemas el acceso limitado a estudios clínicos y el desabasto de medicamentos, mismos que se han acrecentado que entre 2018 y 2024, lo que, dijo, refleja deficiencias en las políticas públicas de atención sanitaria.
La senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) centró su intervención en la atención de emergencias y exigió restablecer un fondo de desastres con carácter plurianual, reglas públicas y mecanismos de protección financiera. Advirtió que las temporadas de lluvias y sequías representan una situación que requiere previsión presupuestal y no puede quedar sujeta a disputas políticas.
Por el Partido del Trabajo, el senador Alejandro González Yáñez, del PT, defendió el gasto destinado a los programas para el bienestar y destacó la dimensión de la inversión social dentro del presupuesto federal. Explicó que se destinan alrededor de un billón de pesos a estos programas, frente a un presupuesto cercano a los 10 billones, lo que representa aproximadamente el diez por ciento del gasto del Estado mexicano.
En su intervención, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) cuestionó la operación de los programas sociales y señaló que existe una mezcla entre las estructuras de la Secretaría del Bienestar y Morena. Cuestionó la actuación de los llamados servidores de la nación, al considerar que los apoyos pueden utilizarse para generar lealtades políticas entre los beneficiarios.
