La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abrió formalmente la puerta al debate nacional sobre la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en el país.
La mandataria planteó que esta discusión indispensable no debe limitarse a las esferas gubernamentales, sino que tendrá que involucrar activamente al Congreso de la Unión, a la academia, a los especialistas y a la sociedad civil en general mediante foros abiertos de consulta pública.
Al respecto el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, urgió a legislar y regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en México para garantizar su aplicación responsable frente a su impacto en la vida cotidiana y las estructuras estatales.
El también Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, destacó la necesidad de adaptarse a la IA, especialmente en la comunicación política, transformando esta tecnología en un marco legal seguro con visión de futuro.
En el Senado de la República ya hay experiencias en la materia a través de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la aplicación y desarrollo de la Inteligencia Artificial en México, la cual es presidida por senador Rolando Zapata (PRI), quien explicó que el Poder Legislativo analiza minuciosamente las referencias internacionales para evitar errores cometidos en otras regiones, como la sobrerregulación europea que terminó por inhibir la inversión y frenar la innovación.
La conclusión de la comisión apunta de manera contundente hacia la creación de una normatividad única basada exclusivamente en las necesidades locales.
Las autoridades parlamentarias y el Ejecutivo Federal coinciden en que la meta final del Estado no es replicar leyes extranjeras, sino consolidar un "modelo mexicano" que fomente el avance tecnológico de forma ética, segura y competitiva.
Aunque la iniciativa marca el inicio de la ruta legal mexicana, el debate no es nuevo en el panorama internacional. Potencias globales como Corea del Sur lideran la vanguardia con legislaciones implementadas en 2025 que equilibran el desarrollo tecnológico, la protección de derechos y el fortalecimiento de la competitividad en alianza con el sector privado.
La Unión Europea adoptó un enfoque estricto basado en la gestión de riesgos para controlar los alcances de esta tecnología.
