La reforma al artículo 41 constitucional que establece la causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera fue aprobada en el Senado de la República en lo general y lo particular por 85 votos a favor y 42 en contra. Con esta modificación se advierte sobre campañas digitales, desinformación coordinada, financiamiento opaco y ciberataques capaces de alterar procesos electorales.
Concluida la votación, el dictamen se mantuvo en sus términos y fue remitido a los congresos estatales.
Al presentar el documento, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina (Morena) sostuvo que la reforma busca impedir que intereses externos influyan en las decisiones políticas del país. Dijo que la democracia mexicana no debe quedar expuesta a dinero extranjero ni a operaciones disfrazadas de activismo o asociación civil.
Desde la Comisión de Estudios Legislativos Primera, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena) consideró que la nulidad es una medida que no será automática. Afirmó que la autoridad electoral deberá probar la existencia de la injerencia, la gravedad de los hechos y su impacto directo en el resultado de la elección.
En su oportunidad, la senadora Cynthia López Castro (Morena) mencionó que otras naciones, entre ellas Estados Unidos, cuentan con legislaciones similares enfocadas a impedir interferencias externas. En ese sentido, apuntó a la protección de la soberanía nacional y a evitar el injerencismo en México.
La senadora Guadalupe Murguía (PAN) advirtió que la redacción de la reforma deja espacio para interpretaciones discrecionales y podría afectar incluso la libertad de expresión de organismos internacionales. Asimismo, consideró que los plazos establecidos son insuficientes para que las entidades federativas ajusten su regulación.
Desde el Partido Verde, la senadora Rocío Corona Nakamura respaldó el proyecto bajo el argumento de que las decisiones nacionales deben tomarse sin presiones externas. Recalcó que la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros deberán mantenerse al margen para no influir en los resultados electorales.
La senadora Mely Romero Celis (PRI) detalló que los preceptos integrados en la iniciativa son ambiguos, discrecionales y peligrosamente manipulables. Agregó que las modificaciones carecen de certeza jurídica, sin límites, reglas claras, capacidad de investigación, ni presupuesto para obtener pruebas fehacientes.
A nombre del Partido del Trabajo, la senadora Geovanna Bañuelos dijo que el país enfrenta una amenaza que ya alcanzó a otras democracias y que el Estado mexicano tenía que responder. Por ello, consideró que el ajuste no es menor, sino una definición del gobierno ante la realidad internacional.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, reconoció que la injerencia extranjera existe y representa un problema global, pero consideró que la nueva causal carece de límites claros y establece parámetros difíciles de acreditar de manera objetiva.
