La Comisión Permanente abordó en su Agenda Política con el tema “Verdad y Justicia”, donde se debatió en torno a la defensa de la soberanía nacional.
Por Morena, el diputado Arturo Ávila Anaya aseguró que desde la mayoría legislativa no habrá protección para ningún funcionario o actor involucrado en actividades ilícitas. El legislador rechazó los señalamientos de encubrimiento y sostuvo que su postura es exigir el cumplimiento de los mecanismos legales establecidos en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.
Desde la oposición, el senador José Máximo García López (PAN) exigió la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR), de las autoridades electorales y financieras para rastrear posibles operaciones ilícitas relacionadas con funcionarios señalados. También pidió activar mecanismos de cooperación internacional y vigilancia migratoria para evitar posibles fugas.
Por su parte del PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores cuestionó la actuación de la gobernadora de Chihuahua, al acusarla de permitir la participación de agentes extranjeros en operativos dentro del estado. Calificó su actuación como una violación a la soberanía nacional y al marco constitucional en materia de seguridad.
El coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, cuestionó la ausencia de una defensa pública por parte del gobernador sinaloense ante las acusaciones y consideró que, de existir elementos falsos, corresponde al mandatario presentar pruebas, resultados y acciones concretas en materia de seguridad para responder a los señalamientos.
En tanto, el senador Clemente Castañeda Hoeflich pidió que las investigaciones se conduzcan con seriedad institucional y sin juicios anticipados. El legislador insistió en que ninguna persona está por encima de la ley, pero advirtió que corresponde a las fiscalías esclarecer los hechos con rigor y establecer comunicación formal con el gobierno estadounidense para conocer el alcance de las acusaciones y sustentar cualquier procedimiento legal.
