Con el respaldo de 27 congresos locales y de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que habilita al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia.
Desde la presidencia de la Mesa Directiva, la diputada Kenia López Rabadán formalizó el avance legislativo al mencionar que la modificación al artículo 73 de la Constitución, por lo que remitió al Senado de la República.
La reforma permitirá establecer un esquema homogéneo nacional para definir el delito de feminicidio y establecer sanciones mínimas obligatorias.
Antes de la declaratoria, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal presentó el conteo oficial de los votos remitidos por las legislaturas estatales. La cifra rebasó el umbral constitucional requerido y consolidó la validez del proceso de reforma.
El origen de esta modificación está en una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien planteó la necesidad de unificar criterios legales frente a un delito cuya persecución y castigo hoy depende de marcos normativos dispersos entre estados. La intención es cerrar brechas jurídicas y evitar interpretaciones desiguales.
La reforma obliga ahora al Congreso a redactar y aprobar la nueva legislación en un plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor. Será esa ley la que trace el piso mínimo nacional: definición del delito, elementos de prueba, sanciones y criterios de actuación.
