El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 127 constitucional que fija un tope a las pensiones de funcionarios de organismos descentralizados, empresas públicas y entidades paraestatales.
El proyecto, remitido a la Cámara de Diputados, establece que las jubilaciones no deberán rebasar la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo federal. En lo general, el documento fue aprobado por unanimidad con 116 votos; en lo particular, obtuvo 109 sufragios a favor y seis abstenciones.
Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina (Morena), sostuvo que con la reforma se busca establecer orden a ciertos sistemas de jubilaciones financiadas con recursos públicos. Argumentó que existen pensiones desproporcionadas que generan cargas presupuestarias difíciles de sostener y afectan el manejo eficiente del erario.
Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Enrique Inzunza Cázarez (Morena) dijo que el propósito es moderar los extremos entre riqueza y pobreza mediante reglas más justas en el servicio público. A su juicio, el proyecto forma parte de la construcción de un Estado constitucional de bienestar donde los privilegios sólo puedan justificarse por virtudes cívicas.
A nombre de Morena, el senador Saúl Monreal Ávila afirmó que la reforma fortalece la racionalidad en el gasto público y promueve un sistema de remuneraciones más equitativo dentro de la administración pública. Según el legislador, la medida responde a la demanda social de eliminar excesos financiados con dinero público.
El senador José Máximo García López (PAN) respaldó el proyecto al considerar que establece límites razonables a las pensiones del sector público. No obstante, advirtió deficiencias de técnica legislativa: el salario del Ejecutivo federal, dijo, no es una referencia estable porque se determina cada año; además, señaló que el alcance de la reforma se restringe al sector paraestatal.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el senador Luis Alfonso Silva Romo expuso que mientras el promedio de pensiones ronda los siete mil pesos mensuales, existen casos que alcanzan hasta un millón de pesos. Esa disparidad, afirmó, compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas y obliga a armonizar los esquemas de retiro bajo criterios de austeridad republicana, eficiencia administrativa y honradez en el servicio público.
La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, anunció el voto a favor de su bancada, aunque planteó reservas sobre el mecanismo para fijar el límite. Consideró que el monto debió establecerse en Unidades de Medida y Actualización y no vincularse al salario presidencial. También cuestionó que la reforma no incluya a los ministros de la Suprema Corte.
En su oportunidad, la senadora Lizeth Sánchez García (PT) afirmó que la reforma responde a una premisa sencilla: el dinero público no debe sostener privilegios desproporcionados. Señaló que durante décadas se toleraron beneficios excesivos mientras amplios sectores de la población permanecían en la pobreza.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, expresó el respaldo al proyecto al considerar que la medida podría generar ahorros cercanos a cinco mil millones de pesos anuales. Sin embargo, advirtió inquietudes sobre la retroactividad de la norma y sobre las exclusiones previstas en el dictamen, particularmente para las Fuerzas Armadas y para integrantes del Poder Judicial.
