La reforma para limitar pensiones para exfuncionarios de paraestatales fue avalada por unanimidad en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado. La modificación al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue remitida al Pleno para su análisis y discusión.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina (Morena) celebró el consenso entre las fuerzas políticas, ya que a su juicio la reforma representa un avance para frenar abusos en ciertos esquemas de jubilaciones. El legislador defendió el criterio central del dictamen: ningún retiro podrá superar la mitad del salario que percibe la persona titular del Ejecutivo federal.
Consideró que con ese parámetro se evita la dispersión de referencias como gobernadores o alcaldes y se fija una regla clara. Anticipó que podrían presentarse reservas o votos particulares al ser abordada en el Pleno. Sobre la legislación secundaria, aseguró que el Senado mantendrá apertura para ajustar normas que permitan mayor transparencia y un uso más eficiente de los recursos públicos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Enrique Inzunza Cázarez (Morena), mencionó al referirse a posibles amparos de funcionarios que la interpretación histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que las reformas constitucionales pueden fijar ámbitos de validez que alcancen situaciones previas sin que ello implique retroactividad.
El legislador subrayó además que la propia reforma contempla disposiciones transitorias: quienes ya reciben una pensión no deberán devolver lo percibido bajo la legislación vigente, pero una vez que los cambios entren en vigor nadie podrá cobrar por jubilación o pensión una cantidad superior a la mitad del salario de la Presidencia de la República.
En el debate, el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez (Morena) sostuvo que los esquemas con pensiones elevadas fueron diseñados en otros gobiernos. Destacó que la eliminación de estas figuras permitirá regresar los recursos públicos al erario, sin dañar los derechos a jubilaciones de funcionarios.
Desde la bancada del PAN, el senador Ricardo Anaya Cortés cuestionó el diseño propuesto. Planteó que ligar el límite de las pensiones al salario de la presidencia puede generar distorsiones, ya que vincula el monto de las pensiones a un sueldo que puede ser limitado por el titular del Ejecutivo. Para el legislador, la fórmula obligaría eventualmente a modificar otra vez la Constitución.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, defendió el alcance de la reforma. Aseguró que el cambio constitucional no restringe derechos sociales ni afecta los ahorros construidos directamente por las y los trabajadores. Su objetivo —explicó— es ordenar el uso de los recursos públicos bajo criterios de justicia y sostenibilidad financiera.
Para el senador Alejandro González Yáñez (PT), el problema radica en lo que llamó “pensiones doradas”. Recordó que el Congreso de la Unión, como constituyente permanente, tiene la facultad de reformar la Constitución para corregir ese tipo de distorsiones en el gasto público.
Desde la oposición, la senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) señaló que el ahorro estimado, cercano a 25 mil millones de pesos anuales, resulta menor frente a problemas fiscales de mayor tamaño, como el huachicol fiscal, el costo de grandes obras públicas o la deuda de Pemex. A su juicio, la reforma no representa un combate real a la corrupción.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, reconoció que corregir hacia adelante los excesos en el sistema de pensiones es legítimo y necesario, y que establecer un límite constitucional al sector público puede ser un instrumento adecuado. Sin embargo, advirtió que los argumentos utilizados para exceptuar a las Fuerzas Armadas, basados en la complejidad y protección constitucional de sus regímenes, podrían aplicarse también a otros esquemas.
