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13 de Marzo de 2017
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La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados aprobó, en sus términos, la minuta del Senado de la República para fortalecer las revalidaciones y equivalencias de estudios; así como otorgar facilidades a los migrantes que regresen a México para incorporarse al sistema educativo.
El proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 12, 13, 14, 32, 33, 38, 56, 60, 61, 62 y 63 de la Ley General de Educación, corresponde a la iniciativa preferente enviada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal.
La Diputada Hortensia Aragón Castillo (PRD), presidenta de la comisión dictaminadora, comentó que el documento incluye la iniciativa preferente del Ejecutivo y otras que se han presentado en la materia. Además, señaló que para el análisis se escuchó a todos los sectores involucrados. Durante el debate en lo general, la Diputada por Morena, Patricia Elena Aceves Pastrana se pronunció en contra de que el Estado autorice o delegue a instituciones particulares de educación superior la facultad de revalidar estudios, lo cual, podría abrir paso a la privatización de la educación.
Por su parte, el Diputado Luis Manuel Hernández León, de Nueva Alianza, señaló que ambas cámaras del Congreso acordaron trabajar en conjunto para el análisis de la iniciativa preferente y se pronunció por atender con responsabilidad el problema de las repatriaciones.
El Diputado Adolfo Mota Hernández, del PRI, comentó que no se sabe cuántas solicitudes de revalidación de estudios habrá luego de la aprobación de la reforma, sin embargo, se pronunció por una amplia difusión de las nuevas disposiciones legales.
Luego de la aprobación en lo general del dictamen, se dio paso a la discusión en lo particular, donde se presentaron reservas a los artículos 14, 56, 61, 63 y tercero transitorio, las cuales fueron desechadas.
El proyecto de decreto fue aprobado en lo particular con 19 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, por lo que la presidenta de la comisión instruyó turnarlo a la Junta de Coordinación Política “para que acuerde lo que en sus facultades compete”. Entre otros aspectos, la propuesta faculta a la Secretaría de Educación Pública a emitir un marco nacional de cualificaciones para facilitar la movilidad de alumnos en el sistema educativo, promover el aprendizaje permanente, y ayudar a la mejora de la calidad, accesibilidad y vinculación de los diferentes tipos y niveles escolares.
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