El Senado de la República aprobó, en lo general, por 107 votos a favor y uno en contra, diversas reformas a la Ley General de Educación, a fin de fortalecer las revalidaciones y equivalencias de estudio ante una realidad de más movilidad y tránsito de personas. Uno de los objetivos es otorgar facilidades a los migrantes que regresen a México para incorporarse al sistema educativo.

El presidente de la Comisión de Educación, el Senador Juan Carlos Romero Hicks (PAN) indicó que las modificaciones no sólo benefician a migrantes, sino a todas las personas que se encuentran en movilidad, ya sean becarios, refugiados y hasta asilados.

Indicó que, en el fondo, las reformas tienen que ver con el tránsito y movilidad en el sistema educativo y con construir un marco de cualificaciones para el reconocimiento de la revalidación y equivalencia de estudios.

La Senadora Graciela Ortiz González (PRI), presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, expresó su beneplácito de que el presidente de México haya retomado en una iniciativa preferente la preocupación de muchos legisladores para flexibilizar las normas de educación en materia de aceptación en el sistema educativo nacional.

Expresó que esta iniciativa es un claro ejemplo de cómo se pueden unir, sociedad, gobierno y legisladores para poner el interés de la nación por sobre cualquier inquietud particular. Éste es el camino que debemos seguir, dijo.

Las reformas a los artículos 2, 12, 13, 14, 32, 33, 38, 56, 60, 61, 62 y 63 de la Ley General de Educación garantizan que todos los mexicanos las mismas oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles del sistema educativo.

• Reformas a la Ley General de Educación
  

  Autoriza a instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de educación media superior y superior.

• Faculta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para establecer normas de control escolar que faciliten, en el caso de la educación básica, la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios de las y los educandos.

   

  También a emitir un marco nacional de cualificaciones para facilitar la movilidad de estudiantes en el sistema educativo, promover el aprendizaje permanente, y ayudar a la mejora de la calidad, accesibilidad y vinculación de los diferentes tipos y niveles educativos.

    

Asimismo, permite a autoridades educativas implementar acciones dirigidas a atender, de manera preferente, a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, identidad cultural, origen étnico o situación migratoria.

Las reformas también obligan a las autoridades educativas federal y locales a garantizar el acceso a la educación obligatoria de las personas que no cuenten con documentos académicos o de identidad.

Además, establece que las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias deberán promover la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad.

• Conforme a los artículos transitorios, luego de la entrada en vigor del decreto, la SEP deberá emitir el marco nacional de cualificaciones en un plazo no mayor a un año; y tendrá 60 días emitir o actualizar las normas y criterios que regularán los procesos de revalidación y equivalencia de estudios.

   

  Incorporan la posibilidad de que las universidades autónomas puedan celebrar convenios con la autoridad educativa federal para que la información relacionada con sus trámites de revalidación y equiparación sea incorporada al Sistema de Información y Gestión Educativa.

   

  Los senadores Benjamín Robles Montoya (PRD) y Ana Gabriela Guevara (PT) presentaron reservas a diversos artículos del dictamen; sin embargo, éstas no fueron admitidas a discusión, por lo que fueron desechadas y los artículos se avalaron en los términos del dictamen.

   

  El dictamen aprobado se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política. Al tratarse de un proyecto derivado de una iniciativa preferente, la Cámara Baja tendrá 30 días para analizarla y discutirla.

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