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Denuncia CNDH aumento de 332% en tortura y 36.3% en desaparición forzada

25 de Enero de 2017

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  • Durante la presentación de su Informe de Actividades correspondiente al año 2016, ante el Congreso de la Unión, el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez señaló que México atraviesa una coyuntura crítica de derechos humanos, inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza, exclusión, debilidad del Estado de derecho y falta de acceso a la justicia; lo cual genera descontento de la sociedad hacia autoridades e instituciones.

    El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que un total de 61 mil 661 personas acudieron a este organismo por estimar violentados sus derechos por algún acto de autoridad; por lo cual se inició el trámite de 25 mil 233 nuevos expedientes, de los cuales 9 mil 408 fueron quejas7 mil 838 orientaciones directas, 7 mil 430 remisiones y 557 inconformidades. Afirmó que no hubo rezago, pues en diciembre se reportó la conclusión de 25 mil 707 asuntos.

  • Sesión de la Comisión Permanente .
  • Respecto a hechos violatorios de mayor impacto se registraron 216 expedientes de queja sobre tortura, 28 de privación de la vida y 15 de desaparición forzada; lo que significó un aumento de 332% en tortura y 36.3% en desaparición forzada, en comparación con 2015.

    Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez


Indicó que en materia de quejas, las autoridades señaladas con mayor número de presuntas violaciones a derechos fueron el IMSS, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de Segob, ISSSTE, Policía Federal, SEP, INM, PGR, Sedena, Semar y Sedesol; mientras que las entidades con mayor recurrencia fueron: Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca.


También mencionó que se hicieron 72 recomendaciones a 55 autoridades, lo cual significó un aumento del 20% frente a 2015 y que las autoridades con mayores recomendaciones fueron: IMSS, Marina, PGR, Comisión Nacional de Seguridad y Sedena.


Excesivo uso de la fuerza en Tanhuato, Michoacán 


  • El titular de la CNDH destacó la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos por uso excesivo de la fuerza, que derivó en ejecución arbitraria de 22 civiles y la privación de la vida de cuatro más; tortura a dos personas detenidas; trato cruel, inhumano y degradante a una más y manipulación del lugar de los hechos atribuida a la Policía Federal, en los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el rancho del Sol, en Tanhuato, Michoacán.

    Hechos en Tlatlaya, Iguala, Apatzingán y Tanhuato evidenciaron falta de respuesta de autoridades

  • Titular CNDH.

    “La atención a los derechos humanos no concluye con la emisión de recomendaciones, es necesario dar seguimiento y constatar su cumplimiento puntual, así como denunciar pública y enérgicamente las negativas u obstáculos para su cumplimiento”.

El Ombudsman nacional dijo que los casos Tlatlaya, Iguala, Apatzingán y Tanhuato han modificado la percepción de derechos humanos, poniendo a prueba a las instituciones y evidenciando carencias, profundas desigualdades y falta de respuesta de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Se trata –afirmó- de casos complejos que requieren investigaciones que cumplan requisitos de objetividad, imparcialidad, exhaustividad y credibilidad. “El esclarecimiento de estos asuntos requiere trascender el nivel de la mera denuncia para llegar a resoluciones claras y objetivas (…) con investigaciones científicas e integrales de los hechos”.

  • Titular CNDH ante la Comisión Permanente.
  • Respecto a los hechos ocurridos en una escuela de Monterrey, Nuevo León, donde un estudiante disparó a su maestra y compañeros, mencionó que la inseguridad y violencia que enfrenta la infancia y adolescencia no debe atenderse mediante acciones reactivas como la operación Mochila Segura, que puede violentar derechos humanos si no se realizan los protocolos adecuados. “La prevención debe ser prioridad para las familias, escuelas y gobiernos”, expresó

    Por último, el titular de la CNDH solicitó al Poder Legislativo discutir y aprobar una ley general que establezca parámetros y medidas concretas de austeridad en el gasto público; asimismo, destacó la necesidad de transparentar el destino de los ahorros derivados de estas medidas, a fin de evitar reasignaciones discrecionales.


El informe de turnó para su análisis a las comisiones de derechos humanos de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.


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