Expertos piden a senadores modificar iniciativa de Ley General de Archivos

28 de Noviembre de 2016

A raíz de las diversas opiniones de expertos en las que advierten, entre otras cosas, que la iniciativa que expide la Ley General de Archivos establece un control político del patrimonio documental a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), senadores realizaron audiencias públicas para escuchar opiniones y propuestas de cómo mejorar esta legislación.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz Salazar (PRI), enfatizó que esta Ley favorecerá la preservación, difusión e incremento del patrimonio documental, al tiempo que sienta las bases para que el Sistema Nacional de Archivos tenga un enfoque integral y sistemático de la gestión de los archivos en todo el país.

A su vez, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), aseguró que se busca dar a los archivos, y a la gestión documental, el lugar que necesitan y que se requiere para cumplir a cabalidad con dos derechos fundamentales: el de acceso a la información y el derecho a la memoria y a la verdad.

Alfredo Ávila Rueda, investigador del Instituto de Investigadores Históricas de la UNAM, expuso las ventajas de establecer en esta Ley que los archivos históricos no puedan catalogarse como reservados o confidenciales, ya que un sistema de archivos abierto y transparente es fundamental para construir una memoria histórica democrática.

Por su parte, Lourdes Morales Canales, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, expresó que la decisión de la política nacional archivista no puede quedar en manos de políticos, por lo que sería un error que la Segob presidiera el Consejo Nacional de Archivos. "Teníamos elementos para que esta ley fuera un Ferrari y nos entregaron un vocho destartalado, reclamó a senadores", destacó.

En tanto, Esteban Landa Rodríguez, de la Asociación Mexicana de Archivonomía, subrayó que aún cuando es necesaria una ley para terminar con muchos de los problemas de la gestión documental, se debe reformular el diseño del Consejo Nacional de Archivos para que no esté presidido por la Segob.

Mauricio Merino Huerta, presidente del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación, afirmó que de aprobarse en sus términos la iniciativa de Ley General de Archivos, ésta sería una de las más graves amenazas de regresión política para México y para el sistema de transparencia y de combate a la corrupción.

A contrario sensu, Dante Preisser Rentería, Coordinador de Asesores de la Secretaría de la Función Pública, afirmó que ésta legislación demuestra la capacidad del Senado para poner normas al servicio de la sociedad, ya que se trata de una oportunidad para construir las bases de los sistemas nacionales de transparencia y de anticorrupción.

En su oportunidad, Aurora Gómez Galvarriato, ex directora del Archivo General de la Nación, dijo que de aprobarse en sus términos ésta ley fracasarían los objetivos del sistema nacional de transparencia, debido, entre otras cosas, a que hay un desequilibro entre la protección de datos personales y el derecho a la verdad y porque se da pie para la destrucción de archivos históricos basándose en una criba que no está bien planteada.

Enrique Chmelnik Lubinsky, presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas, recalcó la necesidad de especificar lo referente a la expropiación de archivos privados de interés público que se encuentran en peligro de desaparición. También pidió que el representante de los archivos privados en el Consejo Nacional de Archivos no sea electo de forma arbitraria.

Grisel Salazar Rebolledo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), manifestó que la protección de los datos personales sólo debe aplicar para los archivos administrativos y no para los históricos, lo que debe especificarse en las leyes en la materia.

Ramón Aguilera Murguía, director de la Escuela Mexicana de Archivos, recalcó que esta legislación debe fortalecer al Archivo General de la Nación y plantear la naturaleza de los archivos históricos como fuentes abiertas para la investigación.

Asimismo, Claudia Ávalos Cedillo, comisionada de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, manifestó que aprobar esta legislación significaría un retroceso para su estado que lleva operando cuatro años con una ley de archivos que ha resultado eficiente.

La iniciativa que expide la Ley General de Archivos consta de 117 artículos organizados en tres libros y 15 artículos transitorios, los cuales establecen la organización y administración homogénea de los archivos en los diversos órdenes de gobierno y las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Actualmente se encuentra en proceso de dictaminación en comisiones.