Alfredo Ávila Rueda, investigador del Instituto de Investigadores Históricas de la UNAM, expuso las ventajas de establecer en esta Ley que los archivos históricos no puedan catalogarse como reservados o confidenciales, ya que un sistema de archivos abierto y transparente es fundamental para construir una memoria histórica democrática.
Por su parte, Lourdes Morales Canales, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, expresó que la decisión de la política nacional archivista no puede quedar en manos de políticos, por lo que sería un error que la Segob presidiera el Consejo Nacional de Archivos. "Teníamos elementos para que esta ley fuera un Ferrari y nos entregaron un vocho destartalado, reclamó a senadores", destacó.
En tanto, Esteban Landa Rodríguez, de la Asociación Mexicana de Archivonomía, subrayó que aún cuando es necesaria una ley para terminar con muchos de los problemas de la gestión documental, se debe reformular el diseño del Consejo Nacional de Archivos para que no esté presidido por la Segob.
Mauricio Merino Huerta, presidente del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación, afirmó que de aprobarse en sus términos la iniciativa de Ley General de Archivos, ésta sería una de las más graves amenazas de regresión política para México y para el sistema de transparencia y de combate a la corrupción.
A contrario sensu, Dante Preisser Rentería, Coordinador de Asesores de la Secretaría de la Función Pública, afirmó que ésta legislación demuestra la capacidad del Senado para poner normas al servicio de la sociedad, ya que se trata de una oportunidad para construir las bases de los sistemas nacionales de transparencia y de anticorrupción.
En su oportunidad, Aurora Gómez Galvarriato, ex directora del Archivo General de la Nación, dijo que de aprobarse en sus términos ésta ley fracasarían los objetivos del sistema nacional de transparencia, debido, entre otras cosas, a que hay un desequilibro entre la protección de datos personales y el derecho a la verdad y porque se da pie para la destrucción de archivos históricos basándose en una criba que no está bien planteada.
La iniciativa que expide la Ley General de Archivos consta de 117 artículos organizados en tres libros y 15 artículos transitorios, los cuales establecen la organización y administración homogénea de los archivos en los diversos órdenes de gobierno y las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Actualmente se encuentra en proceso de dictaminación en comisiones.
