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10 de Julio de 2024
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En el apartado de Agenda Política de la Comisión Permanente, las y los legisladores de distintas bancadas externaron sus posturas a favor y en contra, así como propuestas en torno a la reforma al Poder Judicial, que se analiza mediante foros de diálogos nacional.
Por Morena, el diputado Gerardo Fernández Noroña denunció que la oposición “cree que el pueblo no tiene la capacidad para elegir a las personas juzgadoras”. Llamó a plantear soluciones a los problemas que implica una reforma al Poder Judicial y no defender a “jueces corruptos”.
El diputado Enrique Godínez del Río (PAN) consideró que someter a votación los cargos de ministros y magistrados podría politizar estos roles. Externó que su bancada está a favor de una reforma judicial profunda e integral, donde se rediseñen las fiscalías estatales y la procuración de justicia.
En tanto, la senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI) señaló que no se está abordando de manera integral la discusión sobre el sistema de justicia en México, por lo que insistió en analizar y razonar respecto a las leyes reglamentarias y la operación de la reforma constitucional, así como revisar los recursos presupuestales para hacer que funcione dicho cambio.
Al señalar que la impartición de justicia es una de las tareas más importantes que se deben de garantizar en el país, el diputado Carlos Alberto León García (MC) adelantó que su bancada no avalará propuestas que se traduzcan en un retroceso para la justicia, por lo que llamó a demostrar altura política en la reforma al Poder Judicial.
“Los jueces, magistrados y ministros no son víctimas, son parte del problema que hay que solucionar y para eso es esta reforma”, señaló el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) quien indicó que el actual Poder Judicial ha demostrado que está muy lejos de lograr su objetivo con las y los ciudadanos. “Habrá nueva reforma porque es justo y necesario para que haya justicia”, afirmó.
La senadora María Graciela Gaitán Díaz (PVEM) resaltó que la SCJN impidió la reforma política electoral, así como la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, que solo benefician a unos cuantos. Afirmó que los excesos de dicho poder de ser eliminados por la democracia y para respetar la voluntad de las y los ciudadanos.
Quien señaló que se necesitan acuerdos de Estado en materia de justicia, seguridad y militarización, fue el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria (PRD) quien indicó que la reforma al artículo 129 de la Constitución para la militarización del país, no sólo legaliza lo que ha hecho la actual administración, sino que abre el tema de que las fuerzas armadas participen en el orden jurídico.
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