Avances del Senado en materia laboral y de Seguridad Social

En su columna en un Diario de circulación nacional, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, valoró los trabajos legislativos de la Cámara Alta de 2018 a 2024 a favor de las y los trabajadores, así como en materia de seguridad social. Reveló que los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación representaron un incremento del 114 por ciento en comparación con gobiernos anteriores.

La senadora celebró los logros alcanzados durante las LXIV y LXV Legislaturas, subrayando que se aprobaron más reformas en estos rubros en el último sexenio en comparación con los últimos 30 años. Detalló que estos avances incluyen la publicación de 15 reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Entre los logros más relevantes, la legisladora mencionó las reformas que prohíben el outsourcing, una práctica que vulneraba los derechos laborales al permitir que las empresas subcontrataran personal sin garantizar la antigüedad, un salario justo, acceso a utilidades y adecuadas aportaciones a la seguridad social.

También destacó reformas importantes a la Ley del Seguro Social, como la extensión del derecho de inscripción en guarderías del IMSS a los hombres, un derecho que antes era exclusivo de las mujeres. Además, se reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a pensiones y cobertura médica, fortaleciendo la igualdad y los derechos de las comunidades LGBTQ+.

Otra reforma significativa fue la inclusión de las trabajadoras del hogar en el Régimen Obligatorio de la seguridad social, reconociendo plenamente sus derechos laborales. Rivera Rivera subrayó que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el tercer trimestre de 2023 había 2.5 millones de personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 90% son mujeres.

Para 2024, la presidenta de la Mesa Directiva añadió que se concretaron reformas para mejorar la seguridad social y los derechos laborales de los trabajadores del campo, incluyendo la garantía de un salario digno, jornadas laborales justas y prestaciones de ley. Así como la imposición de multas a los empleadores que no afilien a sus trabajadores al Fonacot y la “Ley Silla”.