En la Cámara de Diputados dieron inicio los diálogos nacionales que buscan analizar la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo Federal.
Con el tema: ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?, legisladores de ambas cámaras, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como integrantes de la Consejería Jurídica emitieron sus opiniones respecto a dicha reforma.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Marcela Guerra Castillo, señaló que la reforma al Poder Judicial debe reflejar la apertura democrática del Congreso de la Unión, por lo que se pronunció por analizar las condiciones necesarias para mantener la independencia de los jueces. “Hagamos la justicia accesible a todas las personas y no sólo a las pudientes”, aseveró.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jorge Romero Herrera (PAN) externó la disposición de reconfigurar el Poder Judicial, mediante políticas que no afecten la independencia y autonomía de las y los juzgadores en el país. Se pronunció por encontrar puntos medios en la reforma judicial, pues “no creemos que los únicos servidores públicos que cuenten con legitimidad sean los que surgen de un voto directo”.
Quien exhortó a realizar un diálogo respetuoso en la materia, fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien advirtió que se actuará con prudencia y cautela, además de que se respetará la expresión y puntos de vista de las minorías y los miembros del Poder Judicial.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, indicó que el irrestricto respeto de la independencia judicial y de los derechos de los trabajadores, señalan los límites para dialogar con las partes interesadas, a fin de adecuar el texto normativo.
En tanto, el coordinador parlamentario de Morena, diputado Ignacio Mier Velazco (Morena), indicó que se le dará cumplimiento expreso al mandato popular. Afirmó que la legitimidad democrática de quienes integran los distintos órganos del Poder Judicial deben estar sujetos a la voluntad de las y los ciudadanos, sin embargo, señaló que habrá voluntad política de ampliar el parlamento abierto en la materia.
El coordinador parlamentario del PAN, senador Julen Rementería del Puerto celebró la realización del parlamento abierto a fin de mejorar lo que ya está plasmado en la iniciativa y lograr un documento en consenso. Señaló que una reforma al Poder Judicial es necesaria, sin embargo, consideró que la propuesta del Ejecutivo genera inquietudes respecto a la elección de jueces, ministros y magistrados, pues “no hay un elemento de que esto sea factible”.
“La iniciativa que se presenta es de aquellas que requieren de tiempos largos para la reflexión y la sana ponderación”, dijo el coordinador parlamentario del PRI, diputado Rubén Moreira Valdez, quien afirmó que México se merece un Poder Judicial que cuente con todos los recursos necesarios para enfrentar dicha responsabilidad, además de que sea cercano a las y los ciudadanos.
En tanto, el coordinador parlamentario del PVEM, senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, aseveró que su bancada estará atenta a las propuestas que se viertan en los diálogos, a fin de construir un país de leyes que se respeten, así como con un sistema judicial que le brinde un equilibrio real entre los Poderes y le sirva a la ciudadanía.
“Nosotros no queremos controlar al Poder Judicial, queremos y me refiero a nuestro movimiento, nosotros queremos justicia”, dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), quien subrayó la necesidad de reducir la Corte, eliminar las pensiones vitalicias y asegurar que ningún funcionario público gane más que el Presidente de la República, en línea con el mandato constitucional.
Por MC, el senador Dante Delgado, se pronunció en contra de cualquier cambio constitucional que debilite las instituciones del Poder Judicial. En su intervención, hizo un llamado a la mayoría legislativa para actuar con responsabilidad al procesar la reforma propuesta. “No podemos permitir que el país caiga en una espiral de descomposición institucional y debilitamiento de los contrapesos y del Estado de Derecho”; afirmó.
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