Analizan en foro de Quintana Roo reformas en materia de programas para el bienestar

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• Para analizar las diversas propuestas que buscan elevar a rango constitucional los programas sociales, en la Universidad Politécnica de Quintana Roo, se realizó un foro estatal donde legisladoras, funcionarios, académicos y activistas, coincidieron en la importancia de generar entornos adecuados para los grupos vulnerables. 

   

  En el marco de los foros de Diálogo Nacional, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD) explicó que la propuesta que reforma el artículo 4 de la Constitución, busca establecer que tanto la federación como los estados se comprometan a garantizar la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años.

   
 

Además, agregó la legisladora, la iniciativa también contempla una reducción en la edad para recibir la pensión no contributiva por parte de las personas adultas mayores, bajando el límite a los 65 años.

En su intervención, la diputada María Clemente García Morena (Morena) enfatizó la necesidad de considerar el impacto que estas reformas podrían tener, incluso para segmentos de la población que a menudo se pasan por alto, como las personas trans. Argumentó que es fundamental garantizar que estas personas reciban atención digna y respetuosa, especialmente en instituciones como el DIF municipal "Benito Juárez", donde deben ser incluidas plenamente en la sociedad.

El rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, Manuel Alfredo Pech Palacio, hizo hincapié en la importancia de reconocer y abordar los desafíos que enfrentan las personas que pertenecen a grupos vulnerables debido a prejuicios sociales o históricos. Reafirmó el compromiso de la universidad para colaborar en la promoción de los derechos fundamentales a través del trabajo y el conocimiento.

En su participación, la directora del DIF municipal “Benito Juárez” de Quintana Roo, Marisol Sendo Rodríguez, destacó la necesidad de contar con una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para garantizar los derechos y el desarrollo integral de los grupos vulnerables, desde una perspectiva basada en los derechos humanos.

Fue el exdirector del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) quien informó que más del 50 por ciento de la población con discapacidad son personas mayores de 60 años, por lo que es urgente establecer un modelo que atienda sus necesidades de manera efectiva. Destacó que además de las pensiones, deben existir una política de Estado que atienda las necesidades desde la no discriminación.

• La médica activista y vocera de la Ley General Trans, Lola Delgadillo Vargas, pidió tomar conciencia sobre las problemáticas que atraviesan las mujeres que ejercen el trabajo sexual, que fueron asesinadas o quedan discapacitadas por ejercer su labor, quienes “nunca fueron tomadas en cuenta ni les dieron sus derechos”.

   

  Durante el foro se escucharon diversas voces de activistas, legisladoras y académicas, quienes coincidieron en la importancia de establecer acciones que hagan frente a los desafíos y la discriminación que enfrentan los grupos vulnerables, a fin de abordar estas problemáticas de manera integral y urgente.

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