Senado rechaza segunda terna para SCJN

• En votación por cédula, el Senado de la República desechó la segunda terna para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al no alcanzar la mayoría calificada por ninguna de las propuestas para la vacante. La propuesta fue presentada por el titular del Ejecutivo Federal el pasado primero de diciembre para su análisis y votación.

  
  

  Las candidatas en la elección para el Poder Judicial fueron Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Eréndira Cruz Villegas Fuentes, quienes comparecieron ante dicha soberanía posterior a que el dictamen de elegibilidad e idoneidad fuera aprobado por 69 votos a favor y 37 en contra.

  
  
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Al presentar su comparecencia, Bertha María Alcalde Luján reconoció en la reforma de 2011 un parteaguas para la expansión de derechos por parte de las personas, ya que se comenzó a tomar en cuenta los tratados internacionales, así como el derecho de progresividad. En ese sentido, observó en la obligatoriedad de las autoridades el interpretarlos a favor de la gente.

A pesar de ello, la candidata para ministra de la SCJN observó que la mayoría de las y los mexicanos desconoce sus derechos y como hacerlos tangibles, razón por la cual indicó que el acceso a la justicia es un lujo. Sostuvo que el estado debe contar con un sistema de justicia competente para todas las personas habitantes en México.

Alcalde Luján indicó que el perfil a elegir para el cargo de ministra debe contar con capacidades profesionales, humanas, de dialogo, así como una comprensión sobre el impacto de toda sentencia como un acto de poder que se debe legitimar bajo argumentos comprensibles.

Por su parte, Lenia Batres Guadarrama recordó que la impunidad es una característica que permea en la mayoría, alcanzando el más del 96 por ciento de los casos en los ministerios públicos. Asimismo, puntualizó la desigualdad para grupos vulnerables como mujeres e indígenas, quienes en 85% de los casos carecen de interpretes.

La aspirante a ministra destacó que la SCJN se caracteriza por ser onerosa al costar tres veces más que la institución homologa en Estados Unidos; casi siete por la de Canadá; y 34 veces, superior a la del Perú. En ese sentido, mencionó que el costo deriva de la alta cantidad personal con que cuenta, ya que en 2023 sumaban 3 mil 772 servidoras públicas, mientras que tan sólo en E.U.A. se cuenta con 483 para realizar funciones similares.

En otro sentido, Batres Guadarrama mencionó que la Corte carece de contrapesos internos, ni externos. Aseveró que se requiere de un Poder Judicial capaz de propiciar las libertades individuales sin sacrificar el bienestar social, ni el disfrute común de los bienes de la nación.

En su oportunidad María Eréndira Cruz Villegas Fuentes consideró la importancia de contar con el compromiso con el pueblo y hacia grupos vulnerables como adultas mayores, indígenas, afromexicanas, víctimas de género, periodistas, defensoras de Derechos Humanos, migrantes, niñas, niños, adolescentes, así como para personas de la comunidad LGBTTTIQ+.

Sostuvo que todas las personas funcionarias públicas deben velar por el respeto de los derechos de todas las personas con firmeza, permitiendo el diálogo entre juzgadores federales y locales.

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• En la presentación del dictamen, la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila (Morena), presidenta de la Comisión de Justicia, puntualizó que las personas propuestas por el titular del Ejecutivo Federal cumplen con los requisitos constitucionales. Destacó que por diseño constitucional, en caso de no elegir un perfil para ministra, el presidente está facultado para designar a la ministra de las propuestas en la terna.

  
  

  El senador Eduardo Ramírez Aguilar cuestionó los argumentos sobre la división de poderes, ya que el actual sistema presidencialista otorga facultades al titular del Ejecutivo Federal para proponer a ministros de la Suprema Corte. Destacó que a pesar de existir ministros presentados por el actual presidente, dichos funcionarios han votado en contra a los intereses del actual régimen.

Al abordar los principios de independencia de los perfiles, el senador Damián Zepeda Vidales denotó que el presidente envío perfiles que carecen de autonomía e independencia al ser subordinadas del Ejecutivo Federal. Recalcó que al no alcanzar la mayoría calificada la persona asignada para ministra asuma el costo político de ser el único caso en la historia moderna de no haber alcanzado el consenso en el Senado.

Por su parte, el senador Celemente Castañeda Hoeflich (MC) exigió un acto de responsabilidad para conformar una corte con las características actuales que le conviene a quien sienta la posibilidad de incidir en él. Recalcó que los nombramientos pendientes que tiene el Poder Judicial abonan a la crisis, en los que se suma los tribunales regionales, locales y la sala superior.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota comentó que los vínculos políticos de las nominadas borra la posibilidad de independencia para la SCJN, motivo por el cual su Grupo Parlamentario decidió no acompañar en la construcción de los acuerdos. Se mostró a favor de que todos los órganos tengan a sus integrantes completos para su correcto funcionamiento.

Por el PT, el senador Alejandro González Yañez denotó que la independencia del Poder Judicial respecto de los otros poderes no asegura que pueda depender una elite económica, poder mediático y de la delincuencia organizada.

El senador German Martínez Cázares (Grupo Plural) se alejó de los criterios que disponen la elección de los ministros por mayoría popular, los cuales descansan en una posible reforma al Poder Judicial. Al respecto, subrayó que esa premisa genera incertidumbre a la temporalidad del periodo de la próxima ministra.