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13 de Diciembre de 2023
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El Congreso aprobó la reforma a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF) publicada en mayo de 2019 que busca garantizar los derechos laborales de los 120 mil elementos militares y navales asignados a tareas de seguridad pública en la Guardia Nacional.
En el Senado se avaló por 109 votos a favor, 5 en contra y una abstención, mientras que en la Cámara de Diputados se logró una votación favorable por 415 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, por lo que se aprobó el alcance del Artículo Tercero Transitorio del decreto que reforma la Constitución, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Al presentar el proyecto, el senador Alejandro Armenta Mier (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que el documento busca que elementos militares conserven sus prestaciones íntegras al participar en la asignación temporal derivada del artículo transitorio de la reforma constitucional para el que se crea la Guardia Nacional.
Aseguró que esta interpretación sienta un precedente importante para futuras transiciones y/o ajustes en la estructura de seguridad nacional demostrando la capacidad del sistema legal para adaptarse y garantizar la justicia en circunstancias cambiantes.
Por su parte, el senador José Narro Céspedes (Morena) a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, destacó que el debate no se trata de militarizar al país, sino plantear la protección de derechos de los elementos asignados en la actualidad a la Guardia Nacional. Aseguró que, respecto a la interpretación del Artículo Tercero Transitorio de la reforma constitucional, se busca evitar menoscabar los derechos de servidores públicos.
El senador Damián Zepeda Vidales (PAN) mencionó que respecto a las funciones de las Fuerzas Armadas Permanentes se busca el apoyo temporal del militar por cinco años en tareas de seguridad, lo cual se prolongó. Ante ello, se pronunció en contra de la militarización de la seguridad pública y recalcó que la Guardia nacional debe estar a cargo de un mando civil.
El legislador puntualizó que la tropa mantiene una inquietud respecto a sus derechos y prestaciones, la cual no debe existir porque se encuentra cubierto por el artículo tercero transitorio de na normativa en discusión al tomar en cuenta la antigüedad y prestaciones de los elementos de acuerdo a su institución de origen.
En su intervención, el senador Clemente Castañeda Hoeflich (MC) se pronunció contra el proceso de militarización y a favor de la certeza del personal de las fuerzas armadas. Indicó que la aprobación de la reforma dista de ser un cheque en blanco para dejar a un lado la captación de elementos civiles en la Guardia Nacional, dado que se debe incrementar la presencia de este sector.
Recordó que, a inicios del funcionamiento de la institución, se contaba con 80 por ciento de presencia de elementos de las fuerzas armadas, mientas que en el último informe se reportó un reclutamiento de 65 mil elementos de miembros civiles.
Por parte del grupo parlamentario del PRI, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo aseveró que nadie puede ir en contra de los bienes de los elementos militares al ser reasignados, ya que desde un inicio se estableció la preservación de sus derechos. Sostuvo que en los transitorios tercero y sexto se establece el apoyo para las y los mexicanos militares.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) se pronunció a favor de resolver a favor de los derechos de militares y de sus familias, quienes realizan tareas complejas. Asimismo, puntualizó que las actividades de estaos elementos distan de servir de forma castrense, ya que su función se encasilla a una función seguridad civil.
Sobre el dictamen, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) se mostró a favor de preservar los derechos y prestaciones, además de reconocer el servicio de elementos asignados a la Guardia Nacional. Recordó que existen más de 130 mil requerimientos de todo el país para que militares intervengan en actividades específicas.
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