Cámara de Diputados avala Ley Federal de Derechos 2024

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, la cual establece el cobro de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación.

De acuerdo con el documento que se avaló en lo general con 239 votos a favor, 196 en contra y dos abstenciones, no se establece la creación de nuevos derechos, únicamente se consideran incrementos por debajo de la inflación para algunos derechos, así como la adaptación a las disposiciones administrativas o a los tratados internacionales vigentes.

Asimismo, se propone que los ingresos obtenidos del derecho relativo a la prestación del servicio por el ingreso de visitantes extranjeros con fine turísticos, se destinen al fideicomiso público federal sin estructura que constituya la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, S.A. de C.V.

Al fundamentar el dictamen, la secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena) comentó que el dictamen actualiza la Ley Federal de Derechos para guardar paridad con los costos de los procesos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de agilizar y eficientar los servicios prestados por el gobierno.

En la intervención de los grupos parlamentarios, la diputada Patricia Armendáriz Guerra (Morena) consideró que el paquete económico es transparente para asignar todos los recursos a los rubros donde se espera gastarlos. Resaltó que la deuda total acumulada no debe medirse en números, sino como porcentaje del PIB.

En contraste, el legislador panista, Pedro Salgado Almaguer señaló que la deuda que se prevé es la más grande, por lo que lamentó que se vaya a ejercer en un proceso electoral. Llamó a grupo mayoritario a demostrar su compromiso con México y analizar a profundidad el paquete fiscal.

Por el PRI, el diputado Yerico Abramo Masso adelantó que su bancada votaría en contra de la reforma al considerar que “lo único que está dejando este paquete económico es deuda, es más gastos sin control y ni un peso para mejorar la seguridad de los estados”.

Para el diputado Gilberto Hernández Villafuerte (PVEM) las modificaciones propuestas en la ley abonan al cumplimiento de apoyar a la población más vulnerable del país, ya que se reconocen acciones y medidas que abaten los rezagos económicos. Señaló que las reformas reconfiguran el tratamiento impositivo que se le da al uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

En tanto, el diputado Armando Reyes Ledesma (PT) recordó que la actual administración les otorgó estabilidad económica a millones de adultos mayores, además de que “bajamos el sueldo a toda esa camarilla de funcionarios que estaban impuestos a seguir robando al pueblo”.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) se pronunció por crear un nuevo pacto fiscal para hacer más justa la distribución y buscar mecanismos para ampliar y complementar el ingreso en el país. Llamó a “considerar la forma de recaudar tenemos que considerar no solamente ingresos, sino también el destino de los ingresos”.

Por el PRD, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete denunció que se ha malgastado el dinero del erario, dinamitando las instituciones democráticas y encaminado a las campañas electorales del próximo año; “hoy aprobarán 9 billones de pesos que acabarán en sus campañas”; dijo.

Posteriormente, en la discusión en lo particular se aprobó la reserva del diputado Miguel Carrillo Cubillas (Morena) que busca establecer una tasa de 9 por ciento a concesionarios de servicios aeroportuarios y 5 por ciento a concesionarios públicos. Asimismo, contempla que los ingresos que sean recaudados se concentrarán en la Tesorería de la Federación para destinarse a las secretearías de la Defensa Nacional y de Marina, a través de fideicomisos.

El dictamen que se debatió por más ocho horas se avaló en lo particular con 262 votos a favor, 198 en contra y una abstención.

Cabe destacar que el documento que se remitió al Senado, establece, entre otros aspectos, el pago de la cuota en las operaciones aduaneras cuando en los tratados internacionales se excluya el cobro sobre el valor de las mercancías, el cual entrará en vigor a partir del 30 de diciembre de 2023; además, actualiza el valor por la recepción, estudio y trámite de la notificación de concentración a 227,240.86 pesos.

Asimismo, señala que por el registro del título de técnico o profesional técnico expedido por instituciones del Sistema Educativo Nacional que impartan educación media superior, así como por la expedición de la cédula profesional, se pagará el 30 por ciento del monto de la cuota.