- sigue la transmisión de la señal:
5 de Octubre de 2023
520 vistas
En búsqueda de facilitar los procesos judiciales para personas de poblaciones indígenas y afromexicanas, el Senado aprobó modificaciones a cinco ordenamientos para contar con asistencia a miembros de las diversas poblaciones nacionales en su lengua y cultura en procesos judiciales. Dicha iniciativa se desprende de la necesidad de atender a 68 pueblos indígenas con sus 364 variantes lingüísticas.
El dictamen, avalados por unanimidad de 75 votos, modifica la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Federal de Defensoría Pública, Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, más de 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena, representando un incremento de medio millón de hablantes en comparación con 2010. Asimismo, la mayor concentración de este grupo etario se encuentra en cinco entidades: Oaxaca, 31 .2%; Chiapas, 28.2%; Yucatán, 23.7%; Guerrero, 15.5%; e Hidalgo,12.3%.
Durante la presentación del documento ante el pleno, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, indicó que existe un pendiente en el reconocimiento de los pueblos indígenas como objeto de derecho. Agregó que, de esa manera, se logrará otorgar una defensa más integral a las personas miembros de estas comunidades.
La senadora sostuvo que actualmente, el derecho positivo reconoce el derecho individual, pero lo que se busca es el reconocimiento del derecho colectivo tanto en sus saberes, tradiciones y sus diseños. Reconoció que la reforma presentada permitirá que las personas indígenas tengan acceso a traductores, obligando a las dependencias de nivel federal, estatal y municipal a ofrecer intérpretes.
El senador Rafael Espino de la Peña (Morena), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, denotó que los grupos indígenas es uno de los más vulnerables, por lo que incitó a atender las realidades de los diversos grupos sociales. Mencionó que todas las personas deben tener acceso a una vida plena y digna.
El legislador se pronunció a favor de la iniciativa presentada para lograr una tutela adecuada para los miembros y comunidades indígenas y afromexicanas en defensa a sus derechos, ya que han fungido como guardianes de la tierra, cultura y tradición. Sin embargo, subrayó la constante discriminación que enfrentan al tratar con sistemas legales, razón donde el dictamen se define.
En su intervención, la senadora Nestora Salgado García (Morena) indicó que la discriminación, la falta de información sobre los derechos humanos y la insuficiencia de oportunidades para el desarrollo de sus actividades son hechos que enfrentan las personas de estas comunidades.
Asimismo, indicó que más de siete mil personas privadas de la libertad son indígenas, y más del 96 por ciento son del fuero local, y tan sólo el 3% están en el fuero federal. Por ello, la senadora reconoció la importancia de las reformas porque muchas personas indígenas y afromexicanas se encuentran injustamente privadas de su libertad por la falta de un traductor en su lengua materna.
La senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI) sostuvo que tanto el Instituto de Defensoría Pública, como la Comisión de Pueblos Indígenas deben disponer de un presupuesto adecuado para la capacitación de los abogados indígenas. De esta manera, denotó la riqueza plurilingüe y pluricultural de la sociedad mexicana, aseverando que es indispensable garantizar plenamente los derechos de nuestros pueblos y comunidades originarios.
Dentro del documento, se indica que las principales lenguas indígenas en nuestro país son: Náhuatl (22.4%), Maya (1 0.5%), Tzeltal (8.0%), Tzotzil (7.5%), Mixteco (7.2%) y Zapoteco (6.7%). Después de la aprobación del proyecto se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales conducentes.
Síguenos
