En ese sentido, la legisladora indicó que la resolución 267/2023 de la SCJN tiene un impacto en la vida de niñas, adolescentes y mujeres, por lo que sustenta el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Mícher Camarena mencionó la necesidad de tomar en cuenta las medidas presentadas por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Por su parte, la senadora Eunice Renata Romo Molina (PES), presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, puntualizó el papel del Congreso de la Unión la construcción de una agenda favorable a los derechos reproductivos de las mujeres. Subrayó que al abordar este asunto debe tenerse en cuanta la justicia y legalidad.
Sobre la resolución de la SCJN, Isabel Fulda Graue, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), destacó la importancia de permitir el acceso al aborto en las instituciones de salud pública. Recalcó que la criminalización establecida previamente evitaba la atención de este servicio para la población.
Francisco Cué Martínez, responsable de vinculación legislativa de GIRE, enfatizó que los Congresos locales también están obligados a reformar sus leyes penales para eliminar los delitos relacionados con el aborto. Señaló que la Corte ha indicado la necesidad de abandonar el uso del derecho penal para regular quién, cuándo y bajo qué circunstancias se puede acceder al aborto.
La resolución de la SCJN marca un avance significativo en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres en México y plantea un importante cambio en la legislación y la práctica relacionada con el aborto en el país.