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19 de Septiembre de 2023
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Aproximadamente 40 por ciento de la población en México carece de los insumos necesarios para costear su alimentación, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Asimismo, dicha institución destaca el encarecimiento de la canasta básica alimentaria en 12 %, la cual impacta de igual forma a zonas rurales y urbanas.
Abordando esa problemática, que sume en la inseguridad alimentaria a 28 millones de personas, el Senado avaló la expedición de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, la cual busca establecer el acceso a una alimentación nutritiva, de calidad y suficiente. Este instrumento legislativo busca garantizar este derecho humano que descansa en el artículo 4 constitucional.
La propuesta, aprobada por unanimidad, dispone el acceso a la alimentación a todas las personas sin tomar en cuenta sus posibilidades de acceso económico o físico a fin de abolir la restricción de elementos nutritivos concretos. De esta manera, se entrega la responsabilidad al estado mexicano de atender a esta necesidad humana.
Asimismo, se indica que las dependencias que integran a la administración pública federal, estatales y municipales a incorporar un 15 % de sus compras gubernamentales de alimentos e insumos primarios, además de promover políticas a favor de los pequeños y medianos productores.
Al presentar la iniciativa, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera (Morena) calificó que la relevancia del proyecto deriva de un punto de vista jurídico, pues el derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido en nuestra constitución. Por ello, la necesidad de contar con una ley que regule el acceso a este derecho es fundamental.
Por otro lado, la legisladora que el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, del cual México forma parte, reconoce en su artículo 11 establece el compromiso de los estados a buscar acciones para suprimir el hambre. En ese sentido, Ana Lilia Rivera señaló que criterios vinculantes como la observación general número 12 señalan que se debe atender a la aprobación de una ley marco como instrumento de una estrategia nacional en la materia.
El senador José Alfredo Botello Montes (PAN) mencionó que el Estado mexicano tiene la obligación de atender el derecho a la alimentación para las personas en edad escolar. Remarcó que en el artículo 16 constitucional se toma en cuenta la necesidad de las personas menores de edad para contar con una nutrición adecuada, por ello se mostró a favor del proyecto.
La senadora Gabriela Benavides Cobos (PVEM) agregó que dentro de la Cámara Alta se ha facultado a las autoridades educativas a proponer la prohibición de venta de alimentos carentes de nutrientes. Sostuvo que, en esa inercia benéfica, se generó la ley, otorgando a la ciudadanía una herramienta que permita promover la producción, justa y equitativa.
La legisladora mencionó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que más del 16.2 millones de los hogares experimentan dificultades para satisfacer sus necesidades alimenticias; por ello, reconoció la valía del dictamen para permitir permear una nutrición más robusta en la población.
Denotando la importancia del proyecto que fue remitido a la Cámara de Diputados, el senador Alejandro González Yáñez (PT) recalcó que la alimentación es sustancial para realizar cualquier actividad. Asimismo, mencionó que la nutrición no sólo tiene el objeto de alimentar el cuerpo, sino es decisiva para el desarrollo del sistema neuronal.
González Yáñez reconoció que el proyecto a discusión es uno que observa con gran simpatía, ya que es fundamental una revolución alimenticia para que las personas consuman sus alimentos constantemente.
En su oportunidad, la senadora Marcela Mora (PES) subrayó el arduo trabajo en la conformación del proyecto del nuevo ordenamiento que se realizó en los 18 meses de dictaminación dentro de las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; de Estudios Legislativos, Segunda. Reconoció que uno de los objetivos fue la conformación de una normativa plural.
La legisladora mencionó que la construcción de la ley buscó integrar las visiones con todos los sectores para conformar un eslabón sólido para la aprobación de esta normativa, el cual se consagró en 12 años. Añadió que se atendieron todas las observaciones en mesas de trabajo durante la construcción de esta herramienta dentro del contenido normativo.
La senadora Nancy de la Sierra Arámburo (GP) mencionó que el 13 % de las niñas y niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, además que más del 22% de los hogares presentan inseguridad alimentaria. En ese sentido, recordó que no se debe confundir el derecho a la alimentación con el de no pasar hambre porque la normativa busca garantizar el acceso físico y económico a productos nutritivos.
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