A fin de impulsar al sector turístico nacional, el Senado de la República reformó la Ley Federal de Derechos (LFD) y la Ley General de Turismo (LGT), con lo cual se busca orientar los recursos obtenidos del pago de la acreditación de estancias de turistas sin permiso laboral al desarrollo de proyectos de planeación, inversión turística e infraestructura, además de impulsar mejoras para los servicios migratorios.
El dictamen, aprobado por 60 votos a favor y seis abstenciones, define en términos generales que los ingresos obtenidos por el derecho sobre “visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos” deberán distribuirse 80 por ciento para el mejoramiento del turismo a cargo de la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal (APF) y 20 % para atender al sector migrante a través del Instituto Nacional de Migración (INM).
Asimismo, explica que la entidad paraestatal deberá aportar los recursos al fideicomiso público federal sin estructura que constituya dicha entidad. Las modificaciones realizadas a la LFD, que impactan en el artículo 18-A del ordenamiento, establece que los usos de los ingresos antes mencionados deberán invertirse en proyectos para el servicio aeroportuario, aeronáutico, ferroviario, turístico, cultural, entre otros.
Por su parte, en la Ley General de Turismo (LGT) se derogó el apartado cuarto del artículo 43, excluyendo los ingresos fiscales obtenidos por la recaudación del Derecho por la autorización de la condición de estancia a los extranjeros del patrimonio del Fondo a la Actividad Turística. El documento se entregó al ejecutivo federal para los fines constitucionales correspondientes.
