• Proponiendo la supresión del límite del gasto de comunicación en entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, las Comisiones Unidades de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, encabezadas por la legisladora Mónica Fernández Balboa (Morena) y el legislador Rafael Espino de la Peña (Morena), avalaron el proyecto por el que se modifica el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social (LGCS).

  Los últimos cambios establecidos a dicho artículo se realizaron en diciembre de 2022, estableciendo un tope de gasto en publicidad gubernamental de 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente. La nueva propuesta, aprobada con 13 votos de la Comisión de Gobernación y 11 de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, determina nulificar dichos límites considerando los principios de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria. 

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Al entrar en la discusión, la senadora Mónica Fernández Balboa sostuvo que será responsabilidad de cada congreso local establecer el tope de los recursos para los programas de comunicación social, tomando en cuenta que su uso deberá ajustarse a programas de protección civil, campañas de prevención, entre otras.

Por otro lado, definió que los elementos necesarios para la conformación de estrategias de comunicación con la población corresponderán a las características geográficas, sociales, económicas y culturales de cada región. Asimismo, reconoció que, de acuerdo a los parámetros establecidos en la reforma anterior, menos del 76 % de los ayuntamientos en el país pudieran tener la capacidad de llegar a los límites establecidos, dejando a nueve con la posibilidad de excederla.

Por su parte, el senador Rafael Espino de la Peña detalló que establecer límites es una invasión de facultades a las divisiones territoriales por lo que lo correcto es entregar a cada uno las herramientas para integrar el método para determinar sus límites en materia de comunicación social. En ese sentido, aseveró la importancia de apegarse a los principios de austeridad, economía, racionalidad presupuestaria, finalidad, oportunidad y territoriedad mencionados en el artículo 26 LGCS.

En su oportunidad, el senador Damián Zepeda Vidales (PAN) recalcó que el gasto federal, estatal o municipal tiene dimensiones diferentes y que de esa manera debe analizarse, pues mientras el presupuesto federal es de 8 millones de pesos, en el caso de las entidades ese recurso es mucho menor. El legislador señaló la imposibilidad del Congreso de la Unión por meterse en las agendas políticas locales y regularlos en su gasto.

Entre las vías dentro de las atribuciones del Poder Legislativo federal, Zepeda Vidales mencionó que la creación de criterios es la función correspondiente “(…) y es lo que hace con esta corrección, se elimina el límite y se dice al congreso local tienes que debe determinar el tope”. Indicó la necesidad de impactar a la población con una comunicación gubernamental que se ajuste la función del gobierno estatal.

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  Fotografías Senado de la República 

• Al entrar en la discusión, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI) recalcó que la visión centralista impuesta en la creación de límites en materia de comunicación social es incorrecta, por lo que celebró que aquello que se señaló en otro momento tuviera una huella. Agregó que el tope establecido no contempló las características y presupuestos propios de los estados por ello la disparidad de los recursos limitaba funciones del estado.

  El senador Noé Castañón Ramírez (MC) denotó que esta modificación es una corrección a lo aprobado con anterioridad, pero que no altera de fondo y forma el carácter inconstitucional en esta materia. 

  La reforma fue turnada al pleno para su discusión y, en su caso, aprobación.