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Las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la de Educación, de la Cámara de Diputados, sostuvieron una reunión con la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, con el objetivo de hablar sobre la iniciativa del Ejecutivo Federal en la materia.
Durante la reunión, la funcionaria y los legisladores que integran las comisiones se pronunciaron en torno a la iniciativa que busca expedir la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación.
La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) destacó la importancia de fortalecer al Conacyt mediante una ley que le otorgue herramientas para cumplir de manera óptima con la misión de promover al máximo el avance de la ciencia, la tecnología e innovación, con particular énfasis en las humanidades.
Por el PAN, la diputada Esther Mandujano Tinajero (PAN) indicó que reformar una ley implica muchas horas de reflexión, por lo que es necesario guiar la discusión con las autoridades en la materia, a fin de “construir una legislación que aporte un sistema de ciencia, tecnología e innovación y avanzar en esta labor”.
Para la diputada Sayonara Vargas Rodríguez (PRI) si la gobernanza va a estar sujeta a una agenda nacional, entonces el “Conacyt será una oficialía de partes y eso no es lo que se quiere”, ya que se busca que dicho conejo apoye a las y los investigadores.
En su intervención, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, indicó que la propuesta del Ejecutivo busca reivindicar el papel de la investigación humanística como parte fundamental del desarrollo científico, tecnológico y de innovación a favor de las personas.
Señaló, dijo, “que una ciencia mexicana rigurosa contemporánea pero enraizada en nuestras tradiciones culturales, en nuestra riqueza cultural”, por lo que debe estar guiada bajo un ordenamiento que contemple el bien común y el interés general.