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Con 72 votos a favor y 50 en contra, el Senado de la República rechazó la modificación que realizó la Cámara de Diputados al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, sobre la “cláusula de vida eterna” para los partidos políticos, por lo que se mantiene en los términos de la ley vigente.
De acuerdo con el dictamen, dicho artículo permitía la trasferencia de votos mediante un convenio de coalición, al impedir la desaparición de los partidos con poca fuerza electoral, lo que no se apegaba a lo previsto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución.
Posteriormente, se aprobó con 70 votos en pro y 50 en contra, un acuerdo por el que el Senado de la República remite al Ejecutivo Federal sólo los artículos aprobados por ambas cámaras del proyecto que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Mónica Fernández Balboa, explicó que, al analizar la minuta que fue devuelta, se observó que la Cámara de Diputados aceptó las modificaciones senatoriales, excepto al artículo 12 por no apegarse a lo establecido en la Constitución.
La legisladora señaló que dicho artículo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se establecía la distribución de votos, no se apruebe y, en este sentido, no forme parte de ninguna manera de estas reformas y modificaciones electorales.
En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, senador Rafael Espino de la Peña, indicó que el proceso legislativo está regulado por el artículo 72 constitucional y “consagra un proceso en el que ambas cámaras participan de manera individual y sucesiva, actuando alternadamente con sus comisiones en la formulación y aprobación de los proyectos legislativos como cámaras de origen o revisoras”.
Fueron los senadores de MC, PAN y PRI, quienes presentaron votos particulares al proyecto, al denunciar violaciones al proceso legislativo del dictamen en materia electoral.
En el debate del proyecto, la senadora Imelda Castro Castro (Morena) comentó que a la oposición “no le interesa discutir la realidad de este árbitro electoral, que se ha comportado como si fuera un partido político más, que ha usado la institución para extralimitarse en funciones y resoluciones”.
La senadora Indira de Jesús Rosales San Román (PAN) consideró que, de principio a fin, el proceso legislativo es “vergonzoso” para el Senado de la República y la colegisladora, pues “lo que hoy vayamos a votar, ni siquiera se puede decir que es un dictamen, es simplemente una declaración de la serie de errores y omisiones que se han venido cometiendo”.
“Rechazamos al Plan B con la participación, con la fuerza de la democracia, con la unidad de los demócratas, con la fuerza de los mexicanos que creemos en que la participación vence al autoritarismo”, comentó la senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI) quien expresó su rechazo al proyecto ya que no robustece la democratización del país.
Para el senador Dante Delgado Rannauro (MC) es traición a la patria poner a prueba un ejercicio democrático en un momento en que la polarización ha sido alentada desde el poder público del país, por lo que advirtió que su bancada presentará una acción de inconstitucionalidad contra un ejercicio antidemocrático, “regresivo, perverso y que confronta a las y los mexicanos de manera innecesaria sólo por el abuso de poder”.
La senadora Eunice Renata Romo Molina (PES) afirmó que más allá del proceso legislativo del proyecto, la conclusión a la que se llegó es que la oposición no quiere un sistema que fortalezca al Estado mexicano democrático, un sistema de partidos institucional y no quieren que se acaben los derroches de los recursos de las mexicanas y los mexicanos.
En tanto, el senador Juan Manuel Fócil Pérez (PRD) dijo que el “Plan B” que presentó el Presidente de la República es un retroceso a la democracia, así como a los derechos ciudadanos y de los militantes de los partidos políticos. “Esto no es una transformación, esto es una deformación de la vida democrática de nuestro país”.
“Yo no hago leña del árbol caído, porque veo crecer un bosque de corrupción entre la política, la democracia y el crimen que no limita este Plan B, con b de burro”, refirió el senador Germán Martínez Cázares (Grupo Plural).