Comisiones Unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados discutieron el acuerdo por el que se establece el procedimiento para atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó diversos artículos de la Ley General de Educación por falta de una consulta previa a personas con discapacidad en el capítulo de educación inclusiva.

• La diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, consideró que este sector de la población discapacitada no debe sufrir “una doble estigmatización sin consulta ni derechos educativos por esta falta de dictamen para legislar la educación inclusiva y la entrada en vigor de la invalidez referida”.

   

  Las y los legisladores destacaron la importancia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

   

  “Dejo mi más grande disposición para poder colaborar en las jornadas de parlamento abierto que sé que van a ser jornadas muy extensas, pero que estamos prestos para podernos sumar todos y que salga de la mejor manera el cumplimiento de este trabajo”, apuntó la diputada Sonia Rincón Chanona, de Morena.

• 
  

Para el diputado Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, “en la sentencia de la Corte se pone a las personas por delante, no las organizaciones, y sé que hay que cumplir, por lo tanto yo sugiero que en el plan se ponga primero las personas y luego las organizaciones. No hay organizaciones que puedan incluir a todas las personas y debe de considerarse la forma en que está redactada la sentencia”.

Por su parte, la diputada Norma Angélica Aceves García (PRI), secretaría de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, apuntó que “es necesario que desde esta honorable Cámara diseñemos justo un mecanismo para realizar el trabajo legislativo cumpliendo con esta obligación constitucional y que todos los dictámenes que involucren el tema de discapacidad sean sometidos a consulta previa para su fortalecimiento”.