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5 de Abril de 2022
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Este martes, en la Cámara de Diputados se reanudó el receso dictado el jueves 31 de marzo para continuar con la discusión del dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para establecer que el Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a las personas en el territorio nacional.
Finalmente, el documento fue avalado en lo general con 471 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. En lo particular, se aprobaron los artículos reservados en términos del dictamen, con 358 a favor, 107 en contra y cero abstenciones.
Al fundamentar el dictamen, el jueves pasado, el diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), presidente de la Comisión de Salud, afirmó que en México hasta 2021 por lo menos una persona de cada cuatro ha presentado algún problema de salud mental en su vida. Y la pandemia, apuntó, “desarrolló ciertas patologías que hoy justamente esta iniciativa, esta minuta, las convierte en una realidad de reconocimiento, y ello significa también la posibilidad de reconocer adiciones sin sustancias psicoactivas y adicciones con sustancias psicoactivas”.
Con los cambios se asegura la autonomía de las personas en la toma de decisiones de índole médico, al definir el consentimiento informado; además, se incorpora el derecho a no ser sometido a medidas de aislamiento y se establece a la salud mental y la prevención de las adicciones con carácter prioritario dentro de las políticas de salud.
“A que los tres niveles de gobierno realicen e implemente políticas públicas para detectar atender y prevenir eficazmente la salud mental en nuestro país. El objetivo es desarrollar un modelo comunitario que ponga en el centro a las personas y sus necesidades, garantizando así el acceso a servicios en su comunidad”, señaló la diputada Saraí Núñez Cerón, del PAN.
Para el diputado César Agustín Hernández Pérez, de Morena, “ahora con el nuevo modelo se prevé privilegiar el cuidado primario en estos padecimientos con servicios alternativos en las comunidades incluyendo, de ser necesario, la atención en hospitales generales. Con esta reforma se posibilita la creación de una red integral de servicios”.
De acuerdo con el dictamen, la atención a la salud mental deberá brindarse con un enfoque comunitario, de recuperación y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios, en apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectiva de género y participación social.
Agrega que todos los prestadores de servicios de salud, públicos o privados, están obligados a comunicar a la persona, de manera accesible, oportuna y en lenguaje comprensible, la información veraz y completa, incluyendo los objetivos, los posibles beneficios y riesgos esperados, y las alternativas de tratamiento, para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado.
El decreto se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
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