Al no existir el quorum reglamentario en la sesión ordinaria, el Pleno el Senado de la República no logró concretar la votación en lo general del dictamen que establece una interpretación en la Ley General de Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato, para que las opiniones de funcionarios públicos sobre este ejercicio de democracia participativa no sean consideradas como propaganda gubernamental.

Cabe destacar que, al abrir el tablero electrónico para emitir la votación en lo general del decreto, no se alcanzó el quórum de ley, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva, senadora Olga Sánchez Cordero, cerró la sesión ordinaria y citó para este mismo miércoles a las 19:00 horas. Al abrir dicha sesión y con 63 senadoras y senadores presentes, se citó a sesión para el jueves 17 de marzo, a fin de concretar el trabajo legislativo.

Previamente, en la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Mónica Fernández Balboa (Morena) explicó que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables.

Por ello, señaló que dicho decreto busca garantizar el derecho constitucional a la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información de conformidad como lo establece el artículo 134 constitucional de no utilizar recursos públicos para ejercer estos derechos.

Fue la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI) quien presentó una moción para suspender el debate al argumentar un posible conflicto de intereses de la bancada de mayoritaria, pues la autoridad electoral investiga un recurso en su contra por la revocación de mandato. Sin embargo, dicha moción se rechazó por el Pleno.

En la discusión del dictamen, el senador Ovidio Peralta Suárez (Morena) explicó que la interpretación pretende privilegiar el derecho a la libertad de expresión, al señalar que los servidores públicos podrán manifestar sus ideas “abiertamente sin mordazas”.

En contraste, el senador Julen Rementería del Puerto (PAN) afirmó que con dicho decreto se pretende violentar la ley, pues la Constitución señala que el ejercicio de revocación de mandato es para los ciudadanos, donde sólo el INE puede hacer propaganda para que se pueda lograr la remoción de aquel servidor público.

“Lo que hay en el fondo es simplemente la intención de poder seguir haciendo propaganda, de poder violentar la propia norma que ustedes votaron”, agregó el senador panista.

En tanto, la senadora Claudia Edith Anaya mota (PRI) consideró que las y los senadores no deberían estar haciendo ejercicios de interpretación cuando “nosotros mismo avalamos que la herramienta de revocación de mandato era exclusivamente para la ciudadanía”. 

El senador Clemente Castañeda Hoeflich (MC) consideró que “lo que se está tratando de hacer es una legislación para beneficio de quienes flagrantemente han violado la legislación electoral y se la han pasado haciendo propaganda gubernamental en un momento de veda electoral.

Para el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán (PVEM) si no se aclara al tribunal qué es lo que se debe interpretar por propaganda gubernamental, se llegaría al grado de que durante las elecciones “no pudiéramos, es más cerremos el Senado de la República porque nadie va a poder hablar”.

Por el PT, el senador Miguel ángel Lucero Olivas destacó que con la interpretación que se está realizando del término de propaganda gubernamental se fortalecerá u proceso democrático popular, pues la democracia exige el diálogo constante sobre los asuntos de interés público.

Asimismo, el senador Juan Manual Fócil Pérez (PRD) indicó que dicho decreto representa un retroceso de décadas en el sistema electoral, debido a que es inconstitucionalidad y transgrede lo establecido en la Carta Magna.

La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Plural, manifestó su rechazo al dictamen, debido a que “constituye un burdo y grotesco intento de violentar las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda gubernamental”.

Cabe descartar que los senadores Damián Zepeda Vidales (PAN) y Noé Castañón Ramírez (MC) presentaron, por separado, un voto particular a fin de rechazar la “ilegalidad” del decreto, pues coincidieron en que se trata de una “reforma electoral disfrazada de interpretación, aun cuando los tiempos prohíben hacerlo”.