A fin de evitar actos de corrupción, además de poner un tope de 0.15 por ciento a los gastos y costos de contratación de los estados y municipios, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 276 votos a favor, 182 en contra y 2 abstenciones, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con lo cual se busca establecer finanzas públicas sanas, así como reducir los costos de financiamiento.

El diputado Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que se busca “adicionar el concepto de gastos y costos relacionados con la contratación, ya que actualmente ningún artículo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios define lo que debe entenderse por ello, razón por la cual se justifica su incorporación. En dicha definición se excluyen aquellos costos asociados con honorarios por asesoría profesional, técnica, legal y financiera”.

Diputados de Movimiento Ciudadano, del Partido Verde Ecologista de México, del PT y Morena respaldaron el dictamen, ya que, dijeron, con ello se evitará el endeudamiento irresponsable de estados y municipios.

“El objetivo de esta reforma es establecer que los entes públicos, al momento de contraer deudas y obligaciones, lo hagan con un límite prudencial a los gastos y costos relacionados con la contratación de los financiamientos; dichos costos no deberán exceder el 0.15 del monto total que se desee adquirir, buscando de esta manera que se contrate deuda al menor costo financiero”, puntualizó la diputada Laura Imelda Pérez Segura, de Morena.

En tanto, el diputado Salvador Caro Cabrera, de MC, consideró que esta reforma va a detener “los excesos y el mercado perverso, donde municipios se contratan en deuda, simple y sencillamente porque van a recibir las dádivas del aparato de los bancos”. “Ya es hora de parar el endeudamiento totalmente irresponsable”, agregó.

Para el diputado Kevin Angelo Aguilar Piña, del PVEM, se trata de “garantizar que los recursos obtenidos por la contratación de deuda por parte de los entes públicos y gobiernos subnacionales, realmente se destinen a la inversión pública, productiva, garantizando que efectivamente sea el menos costo para los y las mexicanas”.

En contraparte, legisladores del PAN y del PRI mostraron su rechazo a la modificación.

• “Coincidimos con la modificación del artículo segundo y de describir perfectamente los costos y adiciones, pero el problema al modificar el 22 y establecer de manera puntual y estricta un tope del .15 por ciento, es que estamos abriendo una diferencia tremenda entre municipios pequeños y municipios grandes”, señaló el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, del PRI.

  
  

  Y fue la diputada Patricia Terrazas Baca, del PAN, quien cuestionó si a los congresos locales no se les tiene confianza para legislar al respecto, y “¿dónde está el fundamento para que digan que el 0.15 es lo correcto?”

  
  

  El dictamen fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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