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11 de Junio de 2021
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Hace 10 años, en el Diario Oficial de la Federación se promulgaron reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, las cuales incorporaron al texto constitucional el principio pro persona y establecieron que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales tendrían jerarquía constitucional.
En este contexto, se llevó a cabo la Primera Mesa de Diálogo “Reflexiones a diez años de las Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos”, organizada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).
Como moderadora del evento, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, destacó que la entrada en vigor de estos cambios coincidió con los hechos de represión conocidos como "El Halconazo", en 1971. “Entre el diez de junio de 1971 y el 10 de junio de 2011, transcurrieron cuatro décadas. La concatenación de esfuerzos para establecer los mecanismos de ejercicio efectivo de los derechos humanos para todas las personas se inició con esta gran rectificación del estado mexicano en la década de 1970”.
También se refirió a los procesos históricos que desencadenaron conquistas en materia de derechos humanos, que finalmente fueron reflejadas en la Constitución Política de 2011. “Las desapariciones fueron práctica extendida, tortura, ejecuciones, la espiral descendente de la ilegalidad y la descomposición social se detuvo cuando un pequeño grupo de políticos del partido gobernante, lúcido y comprometido con la democracia, logró impulsar una amplia reforma electoral en 1977 y hacer reaccionar al estado mexicano con apertura en vez de represión”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja, el diputado Ignacio Mier Velazco, afirmó que las reformas en materia de derechos humanos deben privilegiar el consenso en los espacios legislativos, aún cuando ninguna fuerza política cuente con la mayoría calificada en la correlación de fuerzas de las cámaras del Poder Legislativo.
“En la próxima legislatura tendremos que trabajar muchos temas de la agenda de derechos humanos, entre ellos, los derechos relativos a la autonomía personal, a la solidaridad, a la dignidad, al cuidado y a la satisfacción de los derechos de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, del medio ambiente, de la paz y del desarrollo sostenible”, agregó.
Al comentar los logros y pendientes de la reforma constitucional sobre derechos humanos de 2011, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, explicó que estos cambios fueron posibles tras décadas de luchas sociales y conquistas de derechos en diversas materias. “Por ello es que el desafío que enfrentamos hoy es seguir construyendo y fortaleciendo los derechos humanos en un diálogo y no en un enfrentamiento”.
En tanto, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, destacó que con las modificaciones se posibilitó que tratados internacionales en derechos humanos se elevaran a rango constitucional, “y obviamente se establece la obligación de realizar una interpretación conforme a este principio, por el cual todas las autoridades que aplican la ley quedan obligadas a preferir la norma o interpretación que proteja más al ser humano”.
Raúl Plascencia Villanueva, ex titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que luego de una década de las reformas en debate es necesario mantener el fortalecimiento institucional de las instancias que la llevan a la práctica, “para que los derechos humanos puedan traducirse en una plena realidad necesitamos instituciones sólidas que cumplan con la función, nada más y nada menos la que constitucionalmente se la ha encomendado y claro, que esas instituciones cuentan con un marco jurídico actualizado acorde a la reforma”.
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