El coordinador del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), afirmó que es necesario dar un vuelco a la política pública “porque, así como vamos hasta ahora, es evidente que el agua, salud, educación y todos los otros temas que ha aprobado el Congreso como reformas a la Constitución o de carácter legal, son incumplibles, y no podemos ser partícipes de un incumplimiento de obligaciones presupuestarias”.

Al dar inicio a los trabajos del Grupo, el diputado manifestó que se debe lograr un diagnóstico común, una narrativa en materia de gasto de necesidades mínimas para crear los niveles de bienestar, argumentar las exigencias en el tema de ingresos y la nueva relación con los estados y municipios.

Agregó que la información que se analice en estas reuniones es de “una riqueza enorme y en el camino iremos viendo cómo procesar todos los temas, pues la fecha de entrega de resultados, convocatorias e iniciativa es el 15 de agosto, pero hoy es momento de iniciar”. 

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• A su vez, el coordinador del Grupo de Requerimiento de Gasto, diputado Fernando Galindo Favela (PRI), expresó que rumbo a una reforma hacendaria es fundamental analizar la parte del gasto, y que todas las propuestas permitirán encaminar las prioridades, las necesidades en salud, educación, infraestructura y seguridad, considerando los gastos irreductibles para luego entrar a la discusión de la parte de ingresos.

   

  Dijo que el gasto del Estado tiene conceptos irreductibles que deben ser el primer paso de revisión y proyectarlos, porque van creciendo cada año con el tema de las pensiones y el costo financiero del Gobierno, que quita techo de gasto. Además, hay proyectos de inversión de mediano y largo plazo, prioridad de esta administración, que tendrán un incremento considerable en el gasto, por lo que se deben analizar en su conjunto.

En su oportunidad, la diputada Laura Imelda Pérez Segura, de Morena, pidió establecer un calendario para que cada una de las partes interesadas entregue los resultados de los análisis que se están haciendo. “Que cada parte se haga cargo de un tema específico y den las estimaciones y los resultados para que haya una cobertura formal en los temas planteados como prioritarios”.

Del PT, el diputado Benjamín Robles Montoya apuntó que la estructura y normatividad que rigen el gasto público en el país es obsoleto. Propuso tres enfoques: el orden de prelación que deben tener los diferentes rubros del gasto programable a partir de un análisis de las carencias y estado actual de las instituciones; la reforma que elevó a grado constitucional la entrega de varios programas sociales para que el Gobierno garantice los derechos adquiridos y, la distribución de competencia y responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en torno a la capacidad de recaudación.

Al presentar el análisis de los requerimientos del gasto, Adriana Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo, señaló que del Presupuesto de Egresos (PEF) 2021 el gasto no programable ocupa alrededor de 27 por ciento. 

Indicó que los 5.5 billones de pesos del PEF solo cubren los gastos ineludibles del Gobierno, contando becas, pensiones y programas del Insabi, quedando un disponible de 588 mil millones de pesos. 

Dijo que el disponible que se tiene equivale a nueve por ciento del presupuesto aprobado. El 32 por ciento se distribuye en proyectos de inversión, como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y carreteras, agua potable y drenaje público; 68 por ciento a programas como Sembrando Vida, Salud y medicamentos gratuitos. 

• El objetivo es que una vez que se escuchen las propuestas, se cotejen y que en cada tema se estime lo que se requiera para sufragar las necesidades en salud, educación, inversión en infraestructura, seguridad, garantías para el desarrollo y sistema de cuidados para niños y personas con discapacidad. “Hay muchas áreas que se deben atender, pero nos enfocamos a estas seis”. El objetivo, subrayó, es llegar al costeo de estas áreas.

  
  

  En el evento también se contó con las participaciones de especialistas como Héctor Villarreal Páez, titular del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP); Iván Benumea Gómez, coordinador del Programa de Justicia Fiscal en el Centro de Análisis e Investigación A.C. (Fundar); Karina Barrios Sánchez, encargada de la Dirección General Adjunta de Evaluación, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

  
  
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