Luego de cerca de once horas de debate, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con 334 votos a favor, 109 votos en contra y cinco abstenciones el dictamen que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, y se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República vigente desde 2018.

Con la expedición de esta nueva ley se reforman, adicionan o derogan al menos 65 ordenamientos legales:

• Los agentes del Ministerio Público ejercerán sus funciones con independencia y autonomía. En la investigación de hechos, se auxiliarán de las policías, incluyendo la Guardia Nacional. 
  

• El titular de la Fiscalía durará en su encargo un periodo de nueve años; entre sus facultades está solicitar al órgano jurisdiccional federal competente la autorización para practicar la intervención de las comunicaciones privadas, en los términos de las disposiciones aplicables. 
  

En tanto, se mantienen la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, el órgano especializado de mecanismos alternativos de solución de controversias y el Órgano Interno de Control.

El diputado Marco Antonio Andrade, de Morena, fundamentó el dictamen. Afirmó que se garantiza que la Fiscalía General de la República (FGR) sea un verdadero órgano público autónomo, a la vez que se asegura un mejor desempeño dentro de los procedimientos judiciales y se fortalecen los sistemas de procuración e impartición de justicia penal.

Agregó que “con estas reformas aseguramos a las víctimas el pleno acceso a la justicia y a una administración expedita de la misma”.

No obstante, para la diputada María Cristina Castillo Espinosa, del PAN, “esta ley va en contra de las víctimas, lo que han ido ganando y avanzando, es un retroceso para México”.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI, se pronunció en el mismo sentido: “En verdad a su conciencia apelo para que no le den en este momento decisivo la espalda a las víctimas del delito y no le obsequien a la Fiscalía una legislación a modo que le permita rehuir de sus responsabilidades”.

Durante la discusión se presentaron 193 reservas, de las cuales se admitieron cinco, entre ellas una presentada por el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, a fin de mantener la facultad de la FGR de atraer los delitos del fuero común, en casos de falta de capacidad o inacción de las fiscalías locales. 

Asimismo, se aprobó una reserva de la diputada Aleida Alavez, de Morena, para puntualizar la facultad de atracción de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos cuando se involucre a indígenas y migrantes. 

• También se avaló una reserva presentada por el diputado Rubén Cayetano García, también de Morena, a fin de que las víctimas coadyuven en la integración del Sistema de Atención a Víctimas.

  
  

  Y otra más presentada por la diputada Fabiola Loya Hernández, coordinadora de Movimiento Ciudadano, a fin de garantizar a las víctimas protección por parte de la FGR.

  
  

  Debido a los cambios aprobados, el dictamen se devolvió al Senado de la República.

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