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17 de Marzo de 2021
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El Pleno del Senado de la República avaló en lo general, con 118 votos a favor y uno en contra, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 65 ordenamientos legales.
Previo a la discusión del dictamen, las y los senadores incluyeron una adenda la cual establece que la Fiscalía participará como integrante en los sistemas nacionales de búsqueda de personas, para erradicar la violencia contra las mujeres, así como en la Comisión Intersecretarial para combatir la trata de personas y en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Al fundamentar el dictamen de manera remota, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath (Morena), explicó que el dictamen responde a los reclamos de la sociedad por transparentar y fortalecer las facultades de la Fiscalía General de la República.
Se trata, dijo, de un acto de concordancia social “porque se lo debemos al pueblo de México”, debido a que la Fiscalía se regirá por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, profesionalidad y respeto a los derechos humanos para garantizar el acceso a la justicia a todas y todos.
Al hacer uso de la palabra, el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) explicó que la propuesta con amplio consenso, reconoce el principio de libre configuración de los órganos constitucionales, lo que permite realizar ajustes conforme a evolucione la Fiscalía, en vez de una organización que obliga al mantenimiento de una estructura no operativa.
Al referir el proceso de transformación de la Fiscalía General de la República, el legislador señaló la necesidad de actualizar y fortalecer los procesos que realiza dicha dependencia, por lo que reafirmó que las modificaciones planteadas garantizan la autonomía de la FGR.
“Es un avance y una ley sólida que va a permitir un mejor trabajo al interior de la Fiscalía General de la República”, consideró el senador Damián Zepeda Vidales (PAN) quien explicó que con dicha ley se busca fortalecer a una institución que es clave en la justicia para el país. Agregó que “sin ser perfecta, se tiene una mejor ley”.
Del PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas reconoció los acuerdos alcanzados en el proyecto, sin embargo, destacó que en su bancada no se celebra el texto presentado por lo “insalvable de las diferencias que aún persisten”, ya que aún presenta insuficiencias en el dictamen que se deben atener para beneficio de las y los mexicanos.
Luego de señalar que actualizar el sistema de justicia a los nuevos tiempos requiere de acuerdo, compromiso y trabajo conjunto, el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) enunció que esta reforma contiene cuatro virtudes: fortalece e independiza a la Fiscalía, fortalece al Ministerio Público, revaloriza a los servidores públicos, y brinda cercanía y transparencia a la ciudadanía.
“Se trata de legislar para el mejor funcionamiento de esta institución, para garantizar su autonomía y la correcta ejecución de sus atribuciones, por ello no hay que confundir la coyuntura política con la responsabilidad de legislar, no hay que mezclar filias y fobias”, señaló el senador Noé Castañón (MC) quien celebró los cambios realizados a la iniciativa original en beneficio de las y los ciudadanos.
La senadora Elvia Marcela Mora Arellano (PES) señaló que dicha ley es determinante para un país más democrático y respetuoso de las instituciones, ya que busca fortalecer el sistema de justicia y otorga certeza a las y los mexicanos, “no es todo, pero es un avance”.
Por parte del PT, el senador Miguel Ángel Lucero Olivas resaltó que este dictamen dota al Ministerio Público de instrumentos eficaces para la investigación de delitos y otorga a la FGR la autonomía que requiere para actuar en favor de la ciudadanía sin presiones del Poder Ejecutivo, ejerciendo sus funciones con independencia.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) indicó que es indispensable trabajar en conjunto para lograr una Fiscalía sólida, independiente y autónoma que sirva para la procuración de justicia para todas y todos los mexicanos. Adelantó que votará a favor del dictamen debido a que, entre otros aspectos, responde a la protección, búsqueda y atención a víctimas de desaparición forzada, promotores de derechos humanos y periodistas.
Finalmente, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria consideró que el Senado no está a la altura de los tiempos en términos de lograr un nuevo pacto social que permita acompañar lo que se ha querido construir con el esfuerzo de víctimas y organizaciones. Celebró que se haya aprobado una adenda para que la Fiscalía participe en los sistemas nacionales.
Asimismo, señala la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujeres y Trata de Personas, para la investigación y persecución de los delitos del orden federal previstos en el Código Penal Federal relativos a hechos de violencia contra las mujeres por su condición de género.
La nueva ley reconoce a la Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; también establece la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones, así como la organización, responsabilidades y función ética del Ministerio Público.
Con esta reforma, la Fiscalía deberá publicar cada tres años el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, en el cual se determinarán los objetivos, metas y prioridades de investigación para la eficiencia y eficacia de la persecución penal.
En la discusión en lo particular, el Pleno aprobó las reservas presentadas por el senador Ricardo Velázquez Meza (Morena), al artículo Trigésimo Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los artículos 58 y Décimo Transitorio del dictamen; por la senadora Martha Lucía Micher Camarena (Morena), al artículo 19 de la Ley de la Fiscalía General de la República; por el senador Martí Batres Guadarrama (Morena), al artículo 45 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas; así como la reserva presentada por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD), en materia de derechos laborales del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
El dictamen se avaló en lo particular con 113 votos a favor y 1 en contra, por lo que se remitió a la Cámara de Diputados.
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