El dictamen que incorpora al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados por unanimidad de 425 votos a favor.

Además, con la adición de un inciso k) al artículo 18 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se busca garantizar la igualdad sustantiva de género y eliminar los obstáculos que impiden la participación de las mujeres en el deporte organizado.

La secretaria de la Comisión de Deporte, diputada Claudia López Rayón (Morena), fundamentó el dictamen; indicó que el deporte como actividad sustantiva en el desarrollo integral y formación de las personas también es presa de la sociedad patriarcal y de sus mecanismos que generan desigualdad, exclusión y violencia contra las mujeres.

“Superar los estereotipos culturales que se convierten en barreras y obstáculos para que las mujeres gocemos de las mismas oportunidades y así desarrollemos todas las facetas en el ámbito deportivo, es uno de los objetivos que como sociedad debemos tener”, señaló.

El Inmujeres, dijo la legisladora, rescatará a la Junta Directiva de la Conade, abonará para la formulación de protocolos que erradiquen la violencia, acoso y abuso sexual durante la práctica del deporte, y “no se atienda adecuadamente a las víctimas de estos flagelos”.

Y es que el objetivo general de Inmujeres, apuntó, es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades, de trato entre géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social.

• Por su parte, la diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del PAN, destacó que a casi ocho años de la publicación de la Ley General de Cultura Física y Deporte, no hay en ella disposición alguna que garantice el mismo trato y las mismas oportunidades para las mujeres en la actividad física, la cultura física y la práctica del deporte.

  
  

  El dictamen, afirmó, significará un parteaguas para las políticas, programas y presupuestos en la materia, porque abrirá paso a que todas ellas consideren la incorporación de mecanismos que permitan identificar, criticar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres.

  
  

  El dictamen fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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